Cuerpo se impone a Díaz en la reducción de jornada: el texto pactado con los sindicatos da margen a las empresas para aplicar las 37,5 horas ya en 2026
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, impone su criterio al de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. La jornada laboral de 37,5 horas no se implantará de manera generalizada en 2025, tal y como pretendía la ministra de Trabajo, sino que las empresas tendrán todo un año para adaptar sus convenios al nuevo marco y no estarán obligadas a aplicarlo, como pronto, hasta el 1 de enero de 2026.
Así lo ha firmado la propia Díaz con los sindicatos CCOO y UGT en el acuerdo que rubricarán hoy mismo en el Ministerio de Trabajo. Según ha podido saber ELMUNDO, finalmente el texto incluye una disposición transitoria que amplía el margen para que las compañías puedan adaptar sus convenios hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que en la práctica implica que tendrán todo el año para incorporar la jornada de 37,5 horas, pudiendo hacerlo incluso de manera progresiva hasta el año siguiente.
Esto, en el mejor de los escenarios en el que el Consejo de Ministros diera luz verde al acuerdo sin modificaciones en el mes de enero y la tramitación parlamentaria fructificase antes del verano. En el flanco sindical admiten que, ante la complejidad para sacar adelante la norma en el Congreso, los plazos podrían alargarse, lo que «obligaría a ampliar el periodo transitorio», reconocen fuentes involucradas en las negociaciones del diálogo social que concluyeron ayer por la tarde y que dan paso ahora al debate político.
Antes de que la norma aterrice en el Congreso, Yolanda Díaz tendrá que enfrentarse a la validación del Consejo de Ministros. Previamente, incluso, se someterá al examen de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el órgano que coordina toda la política económica del Ejecutivo, presidido por Cuerpo y con la titular de Hacienda, María Jesús Montero, como vicepresidenta.
Es en la CDGAE donde se acabarán determinando los detalles técnicos de la norma. El titular de Economía ya dispone de informes internos de impacto económico para rebatir una eventual posición de implantación abrupta de la jornada de 37,5 horas. Cuerpo viene defendiendo que el Gobierno tiene que «acompañar a las empresas» con una aplicación gradual y lo suficientemente flexible para conseguir los apoyos necesarios para su aprobación en el Congreso. «Somos constructivos, pero en las reformas se busca una posición de Gobierno entre la parte mayoritaria, que es la socialista, y la minoritaria, de Sumar, y a partir de ahí, hay que ser conscientes de que hay que llegar a acuerdos con grupos que pondrán líneas rojas», vaticinan fuentes del Ministerio de Economía.
En ese «acompañamiento» a las empresas, Cuerpo no descarta recuperar las ayudas directas y bonificaciones a la contratación que había ofrecido inicialmente Yolanda Díaz a la CEOE antes de que los empresarios se levantaran de la mesa de negociación. Esta baza será clave para la jugada con los socios de Junts y PNV. En el Ministerio de Trabajo son conscientes de que van a tener que hacer cesiones a la derecha del arco parlamentario y, por eso, en privado admiten que estarían dispuestos a sacar del cajón el plan de ayudas a las pymes, inicialmente cuantificado en más de 375 millones de euros procedentes de los fondos europeos.
Ese no sería, por tanto, un punto de conflicto. El principal motivo de fricción entre Trabajo y Economía ha estado estos días en los plazos. Díaz apostaba por una entrada en vigor inmediata de las 37,5 horas, «al día siguiente de su publicación en el BOE». Mientras, Cuerpo ha venido defendiendo el establecimiento de un plazo de adaptación para que las empresas puedan incorporar en sus convenios la nueva jornada y rehacer los calendarios laborales con la suficiente previsión. Finalmente, ese plazo se extenderá hasta el 1 de enero de 2026.
La propia Díaz ha admitido esta semana que la reducción de la jornada llegará a «todos los españoles en diciembre de 2025», habiendo asumido ya que las empresas necesitan tiempo para adaptarse. De ahí que incluso dentro del propio Gobierno consideren que la vicepresidenta está «sobreactuando» en este tema al constatar que su medida estrella va a llegar más tarde de lo que preveía, ya que en su plan inicial la jornada pasaba a 38,5 horas en 2024 y a 37,5 ya en 2025.