El Gobierno se abre a que empresas con contratas públicas y algunos sectores tarden más en reducir la jornada

El Gobierno ofreció este lunes a las patronales algunas fórmulas de flexibilidad para intentar atraerlas a un acuerdo tripartito para aprobar la reducción de la jornada laboral del máximo actual de 40 horas a 37,5 horas. En concreto, según ha podido saber EL MUNDO, el Ministerio de Trabajo se abre a que las empresas que tienen contratos públicos con la Administración y las que pertenecen a algunos sectores en particular puedan tener más tiempo para aplicar la bajada.

A las primeras se les permitiría esperar a que venza el contrato de licitación para aplicar la reducción, ya que de otro modo tendrían que enfrentarse a una subida de costes por hora (dado que sus empleados trabajarían menos tiempo por el mismo salario) sin que se pueda actualizar el precio de la contrata. Las segundas serían aquellas que pertenecen a sectores económicos que todavía se encuentran muy lejos de las 37,5 horas semanales, es decir, aquellos en los que los convenios colectivos no han avanzado en la reducción del tiempo de trabajo.

Según el informe Impacto de la reducción de la jornada laboral en la pyme publicado por Cepyme en junio, los sectores en los que las jornadas son más largas son la hostelería, con una jornada media pactada de 39,4 horas; el comercio, con 39,1 horas semanales; la agroganadería, con 39 horas; las actividades inmobiliarias, con 38,8 y las actividades administrativas, con 38,7. El resto se encuentra en las 38,5 horas a las que quería bajar el Ejecutivo en un estado intermedio o por debajo.

Estas actividades, por tanto, estarían entre aquellas a las que el Gobierno podría dar una prórroga para aplicar el recorte de forma gradual a partir de 2026, con el objetivo de que vayan acercándose poco a poco a ese objetivo por medio de la negociación colectiva, es decir, cuando se vayan renegociando convenios.

Aunque este ha sido el planteamiento del Ministerio de Trabajo en la mesa, los sindicatos no parecen muy dispuestos a permitir que algunos sectores tarden más en aplicar la bajada de la jornada, ya que lo consideran "discriminatorio", en palabras de Fernando Luján, vicesecretario de política sindical de UGT. Están a favor de ser flexibles si eso permite llegar a un acuerdo, pero no de aplazamientos a 2026 o 2027, según recalcaron al término de la reunión.

Otro de los puntos en los que el Ministerio se ha mostrado dispuesto a ceder es en la distribución irregular de la jornada, ya que han trasladado a las patronales su disposición a incrementar el porcentaje de horas que permiten a las compañías distribuir de forma irregular. Esto es algo sobre lo que ya habían negociado de forma bilateral sindicatos y patronales y que estas últimas habían pedido que se tuviera en cuenta.

Los interlocutores sociales han pedido al Gobierno que les envíe un documento escrito con estas propuestas y se han comprometido a estudiarla durante el verano antes de la próxima reunión, que tendrá lugar en septiembre.

El acuerdo ahora parece menos difícil que hace un mes. Entre medias se ha producido la publicación de un manifiesto por parte de Cepyme, que actuó como altavoz de las dificultades que experimenta esa parte del tejido productivo, y la intermediación posterior del Ministerio de Economía para pedir a Trabajo que priorice el acuerdo. El departamento de Yolanda Díaz ha cambiado desde entonces su tono y también ha moderado la prisa en cerrar la mesa de negociación.