El CGPJ aprueba por nueve votos un informe muy crítico con la Ley de Amnistía
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves un informe muy crítico con la proposición de Ley de Amnistía al procés. El Pleno ha apoyado por nueve votos el dictamen elaborado por el vocal conservador Wenceslao Olea mientras cinco vocales del sector progresista han votado en contra y el presidente Vicente Guilarte, junto con el vocal Enrique Lucas, han votado en blanco, según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO.
En concreto, el informe de Olea enumera los motivos por los que este magistrado del Tribunal Supremo considera que la Ley para el borrado de los delitos del procés choca contra la Carta Magna. Entre las citadas razones, se alude al argumento de que si la Constitución prohíbe los indultos generales con más razón una medida como la amnistía, ya que si se prohíbe lo menos se prohíbe lo más (los indultos borran las penas y las amnistía los delitos).
El dictamen subraya que no resulta admisible que el Poder Legislativo pueda dejar sin efecto las decisiones adoptadas por los Tribunales, salvo en los supuestos expresamente autorizados por la Constitución, como ocurre con los indultos particulares acordados por el Ejecutivo.
Por otro lado, el texto recuerda que, cuando se redactó la Constitución, las Cortes valoraron y excluyeron expresamente la amnistía de la norma suprema. El órgano de gobierno de los jueces considera que la Constitución, al excluir de manera consciente la amnistía, exige al legislador que justifique la adecuación de la proposición de ley orgánica a todos y cada uno de los valores, principios y condiciones que la norma fundamental impone a la potestad legislativa, lo que no se aprecia en el texto de la norma proyectada. En este sentido, también se pone de manifiesto que ninguno de los preceptos legales vigentes, ni la doctrina del Tribunal Constitucional, ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo permiten concluir que la amnistía esté reconocida en nuestro Derecho.
Asimismo, el informe de Olea defiende que esta medida de gracia quiebra la igualdad entre los españoles, vulnera la separación de poderes y responde a la arbitrariedad del legislador.
Por lo que respecta a la tramitación parlamentaria elegida, la propuesta de informe considera que es arbitraria y que no se motiva su urgencia, debiendo haberse optado por la vía del proyecto de ley, atendida la excepcionalidad jurídica y la trascendencia social del asunto. Según informan fuentes jurídicas, el informe ha añadido las conclusiones alcanzadas en este sentido por la Comisión de Venecia.
Por otro lado, el Consejo incide en que el texto analizado tendrá grandes problemas para ser aplicado siendo posible que la Ley se frustre en su finalidad, explican fuentes jurídicas.
Ha quedado en minoría el informe de la vocal Mar Cabrejas donde defendió que "el silencioconstitucional respecto de la amnistía no significa que exista un vacío jurídico" y que "no existiendo una prohibición expresa en la Constitución para aprobar una amnistía, el legislador puede adoptar este tipo de medida", si bien deberá estar sujeta a límites derivados de la Constitución.