La Comisión Europea avisa de que sigue «investigando» la amnistía y no descarta llevarla al TJUE
La Comisión Europea va a presentar este miércoles, una vez ratificada Ursula Von der Leyen como presidenta, su evaluación sobre la salud del Estado de Derecho en los estados miembros. El informe hará una mención positiva del desbloqueo de Consejo General del Poder Judicial tras más de cinco años de parálisis, y hará hincapié en la falta de independencia de la Fiscalía General del Estado española, porque su modelo de elección depende del Gobierno de turno.
El examen concreto a España sí citará, finalmente, la amnistía, según fuentes conocedoras de los trabajos. Pero sin entrar a valorar aún sus consecuencias. Éste ha sido sin duda el punto más controvertido para España en materia de Estado de Derecho en los últimos años, pero como las investigaciones de la Comisión sobre si la norma es plenamente compatible o no con la legislación comunitaria siguen aún sus cauces, el informe sólo incluirá un relato factual de los hechos acontecidos hasta ahora. No hará un análisis cualitativo ni llegará a conclusión alguna, ni amonestará finalmente a España. No hasta que termine de estudiar los pormenores jurídicos de la ley, que entró en vigor hace menos de un mes y medio, el pasado 11 de junio.
Sin embargo, según la documentación en poder de EL MUNDO, la Comisión sí reconoce abiertamente la «posibilidad» de que la «investigación» que aún está «en curso» acabe en la apertura de un «procedimiento de infracción» para España. Esto significaría que Bruselas denunciaría al Gobierno español ante el Tribunal de Justicia de la UE por haber contravenido los tratados. Así se lo ha transmitido el Ejecutivo comunitario tanto al Defensor del Pueblo europeo como al eurodiputado Adrián Vázquez, que ha sido el último presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara y que fue quien solicitó al gobierno comunitario toda la información sobre los intercambios de Bruselas con el Ejecutivo español en lo relativo a la amnistía.
A finales de 2023, Vázquez presentó una solicitud formal de acceso a «cualesquiera intercambios con el Gobierno de España a propósito de la Ley de Amnistía», entonces aún en fase de tramitación parlamentaria. La Comisión rechazó la solicitud de acceso a toda la documentación en dos ocasiones, arguyendo que su publicación podría interferir en investigaciones en curso... y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha exigido expresamente que las cartas y comunicaciones que se han cruzado los ministerios con los comisarios se mantengan clasificadas.
La Comisión consultó a las «autoridades españolas» si estaban de acuerdo con hacer públicos las comunicaciones del comisario Didier Reynders y Félix Bolaños, entre otros, sobre la amnistía. Antes y después de su tramitación parlamentaria y de su entrada en vigor.
El Ejecutivo se «opuso» a mostrar esa correspondencia, asegura el documento en poder de este diario, «invocando» la normativa sobre «protección del objeto de las investigaciones» comunitarias. Moncloa adujo que «no hay nuevas circunstancias que permitan considerar que la evaluación inicial era errónea» y que los intercambios de pareceresy de argumentaciones entre el Ejecutivo y Bruselas se produjeron bajo una premisa de «lealtad y transparencia» que se debe preservar ahora.
Fuentes de la Comisión aseguran que una de las cartas que se le enviaron al Ejecutivo español advertía de las lagunas de la norma y de su posible colisión con los derechos europeos, y que sería una de las patatas calientes que quiere evitar La Moncloa. Sobre todo, en un momento de debilidad parlamentaria del PSOE y Sumar, como el actual.
En su respuesta a Vázquez, fechada el 17 de julio, la Comisión insiste, también, en que no le puede dar los documentos que se han entrecruzado con el Ejecutivo español porque «contienen información relevante para el análisis en curso de la Comisión sobre si hay una infracción de la ley de la UE». De manera que la publicación de los documentos podría interferir en estas pesquisas abiertas.
Aunque, eso sí, más adelante aclara que «no necesariamente» tiene que llegar a tomar «una decisión». Lo que certifica a las claras el Gobierno comunitario es que nadie puede decir que esa puerta jurídica esté cerrada. ¿Por qué? Porque sigue abierta como «posibilidad». O reabierta, tras conocerse hoy mismo el informe sobre el Estado de Derecho. Pero nada más, aún.
Eso sí, el eurodiputado Vázquez (ex líder de Ciudadanos, ahora elegido en la lista del PP) ha presentado un recurso ante la propia Comisión para el que aún no ha obtenido respuesta. Además,
En cuanto al Defensor del Pueblo, el informe de su reunión, el 27 de junio, con altos cargos de la Comisión (a los que también requirió la documentación sobre la amnistía), aporta conclusiones relevantes. En primer lugar, recuerda que la Comisión de Venecia ya analizó la norma. Después, transmite la información que le han dado los representantes del área de Estado de Derecho sobre esta norma: «Desde el principio, la proposición de ley fue muy sensible. Una de las razones es el hecho de que aborda materias concernientes al orden constitucional de un estado miembro y actividades consideradas constitutivas de malversación de fondos, corrupción y terrorismo».
Además, el informe recuerda que la Comisión ya había invocado, en pleno periodo de enmiendas, «la excepción para la protección de investigaciones en curso, que cubre también los primeros pasos de una (posible) investigación formal, como la de un procedimiento de infracción» de los tratados comunitarios.
Las dirigentes del Ombudsman comunitario que se reunieron con los oficiales comunitarios, Rosita Hickey y Michaela Gehring, recuerdan que en junio de 2024 los tribunales españoles comenzaron a conceder o denegar la aplicación de la amnistía según la nueva ley, y ya hay «algunos casos» que podrían llegar al Tribunal de Justicia de la UE.
Ambas anotan que a la Comisión le preocupaba que el hecho de hacer públicas las cartas de la amnistía «pusiera en peligro» la «confianza de las autoridades españolas», cuya «cooperación» es vital para el equipo de Von der Leyen, «dado el debate tan controvertido» que hay alrededor del borrado de los delitos del procés.
En todo caso, estos documentos demuestran que en Europa no hay una preocupación «cero» por la amnistía, como defendió Bolaños.