El juez del 'caso Koldo' rechaza por el momento pedir al Supremo que impute al ex ministro Ábalos
El juez que instruye el caso Koldo ha rechazado elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo (TS) para que se valore la imputación del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos. El magistrado Ismael Moreno basa su decisión en que en este momento "no existen motivos bastantes" para dar ese paso, tal y como solicitaba la acusación popular de Iustitia Europa.
Así, Moreno sigue la línea de la Fiscalía, que la semana pasada se opuso a acudir al Supremo. La condición de aforado de Ábalos haría necesario que el Alto Tribunal absorbiera el caso.
"A día de la fecha, no existen motivos bastantes para elevar exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo", resuelve en el auto al que ha tenido acceso EL MUNDO. No obstante, señala que está pendiente "de lo que pudiera resultar en un futuro, como consecuencia de las diligencias que se practiquen y del devenir de la instrucción". Advierte, asimismo de que está pendiente de la práctica de diversas diligencias -como testificales, interrogatorios de investigados o informes policiales sobre el resultado de los volcados de efectos digitales intervenidos-.
El magistrado da curso a la petición de la asociación Liberum para pedir la declaración testifical del director financiero y de Control de Gestión de Adif, Manuel Fresno Castro. La cita para este alto directivo del ente público está prevista para el 16 de septiembre a las 10.30 horas.
En este procedimiento que lleva el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional están bajo la lupa ocho contratos adjudicados por distintos entes de la Administración Pública con un importe global de 51.998.434 euros.
El juez investiga entre otros a Koldo García, ex asesor de Ábalos y hombre de su máxima confianza, por la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la peor parte de la pandemia.
La Fiscalía Anticorrupción les atribuye presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.