El PSOE declara la guerra a los pisos turísticos y anuncia un impuesto progresivo para quien tenga tres o más viviendas
El anuncio de la creación de una empresa pública de vivienda este domingo por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, eclipsó otras medidas de calado en materia de vivienda que se acordaron en el transcurso del 41 Congreso del PSOE, como la prohibición de poner pisos en alquiler turístico en zonas tensionadas, el anuncio de un nuevo impuesto a partir del tercer piso en propiedad o el aumento de la carga fiscal para aquellas viviendas sin uso residencial.
La nueva empresa pública de vivienda es una promesa del Ejecutivo, que ahora deberá detallar su plan para articularla, teniendo en cuenta que las competencias están transferidas a las comunidades y que la Ley del Suelo sigue bloqueada por falta de apoyo en el Congreso. Sin embargo, la ponencia aprobada por el PSOE contiene también importantes medidas que el partido tiene previsto impulsar para paliar el problema de acceso a la vivienda que atraviesa el país.
Por un lado, los socialistas tienen claro que las competencias en política de vivienda "son compartidas" y que "el grueso recae en manos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos", pero el Ejecutivo central, dicen, "no puede ni debe resignarse a esperar. Debe seguir avanzando por la senda de los últimos años y desplegar una política de vivienda ambiciosa y social, que no enfrente a propietarios con inquilinos y proponga soluciones de corto, medio y largo plazo que ayuden a hacer realidad el derecho de todas y todos a una vivienda digna y asequible".
Para ello, establecen varios objetivos a alcanzar antes de 2030. Por un lado, aumentar progresivamente el parque público de vivienda hasta superar al menos el 6% del total; rehabilitar 1,5 millones de viviendas antes de que termine la década; reducir a menos del 7% la proporción de personas que afrontan dificultades financieras para el pago de la vivienda al destinar más del 40% de sus ingresos; eliminar todas las viviendas turísticas ilegales; Reforzar en la Constitución el derecho a la vivienda manteniendo de forma permanente la titularidad publica en el caso de las viviendas de promoción pública.
Para alcanzar estos objetivos, los socialistas han decidido recoger el sentir de las recientes protestas contra los pisos turísticos y declararles la guerra: "Tenemos que perimetrar los límites y la compatibilidad entre vivienda, turismo y especulación", advierten. "En España, la vivienda se ha convertido en el instrumento legítimo de ahorro de muchas familias de clase media, pero también en un negocio -a menudo fraudulento- bajo las fórmulas de viviendas turísticas, alquiler de temporada y arrendamiento de habitaciones. En ciertos barrios de las grandes capitales y en muchos municipios costeros e insulares, estas viviendas suponen más del 20% de todo el parque de pisos y casas y se están convirtiendo en un verdadero obstáculo para residentes que quieren alquilar o comprar vivienda".
Para evitar esta situación, el PSOE propone eliminar todos los pisos turísticos ilegales y aumentar la carga impositiva de los legales. Por un lado, los socialistas anuncian nuevos marcos regulatorios "que prohibirán la conversión de viviendas residenciales en viviendas turísticas y de temporada en aquellas zonas de alta demanda", además de habilitar legalmente que sean los ayuntamientos los que establezcan la definición de zona tensionada. Cabe recordar que ahora deben solicitarlo a las Comunidades y éstas al Ejecutivo, por lo que los Gobiernos autonómicos del PP impiden, según el Ejecutivo, su aplicación en los territorios que gobiernan,
Pero además de eso, el PSOE impulsará un "impuesto especial progresivo a la propiedad a partir de la tercera vivienda", esto es, que grave a los propietarios a partir del tercer inmueble y más a quien más tenga, lo que podría desincentivar la inversión de grandes arrendatarios. También prometen reforzar los servicios de inspección contra el fraude inmobiliario, incorporando un régimen sancionador, y "aumentar la carga fiscal de los usos de vivienda no residenciales para desincentivarlos".
En la mima línea, el PSOE promete reforzar el Observatorio estatal de Vivienda y Suelo para que recoja los datos de todos los contratos de alquiler y compraventa y trabajar en un registro europeo de transparencia para las inversiones inmobiliarias internacionales.
Aumentar el parque
Además de su guerra a los pisos turísticos, la ponencia del PSOE plantea avanzar en el aumento del parque público de vivienda. Para ello promete una reforma de la ley del suelo "que agilice el desarrollo de nuevos proyectos urbanísticos y la tramitación de licencias para la promoción de vivienda pública y/o accesible". Cabe recordar que la Ley del Suelo está bloqueada en el Congreso por falta de apoyo. Sumar se desmarcó y el PP no la salvó. Posteriormente, el PSOE pactó una nueva reforma con el PNV que ha vuelto a aplazar a la espera de lograr más apoyos.
También plantean establecer "incentivos fiscales para la construcción de obra nueva y la rehabilitación de edificios destinados a este fin, además de liberar "suelos dotacionales, financiación del ICO y colaboración público-privada para construir vivienda pública de alquiler asequible".
Como construir viviendas no es algo rápido, el PSOE propone apoyar "la construcción modular para reducir los tiempos de edificación" y mejorar así "el control de calidad y la sostenibilidad de las viviendas", además de plantear una "reforma legislativa en Bruselas" para que "los fondos de cohesión y las "ayudas de estado" financien la construcción de vivienda pública".
Contemplan incentivar fiscalmente también a quienes "rehabiliten y pongan sus viviendas vacías en alquiler a un precio asequible, especialmente en zonas de alta demanda" y la creación de "un seguro público contra impagos y desahucios que aumentará las garantías de los propietarios y la seguridad de los inquilinos".