Pasada la campaña electoral, que veta cualquier anuncio por parte de las administraciones, este viernes han llegado dos de calado en el Ayuntamiento de Barcelona en materia de vivienda: eliminar todos los pisos turísticos en la ciudad dentro de cinco años, y la modificación de la normativa que implementó la ex alcaldesa Ada Colau que obliga a los promotores a destinar un 30% de los pisos que construyen a vivienda social. Las dos medidas necesitarán apoyo político en el pleno, lo que a priori no será difícil, vistos los posicionamientos políticos de los partidos a la izquierda y derecha del gobierno municipal del PSC. Otra cosa será el frente judicial que con toda probabilidad abrirán los propietarios de licencias de viviendas de uso turístico o su patronal, Apartur.
El alcalde Jaume Collboni ha señalado, en una sala llena, con una treintena de altos cargos y asesores de su Gobierno, que se trata de dos medidas “de carácter estructural que afrontan el principal problema de la ciudad y del país, como es el acceso a la vivienda” y sobre todo para los más jóvenes. Collboni ha advertido de que las políticas de vivienda “nunca tienen resultados de forma inmediata” pero ha tachado las medidas de “punto de inflexión”, convencido de que “abrirán un debate político y social en la ciudad”.
El decreto de la Generalitat, paraguas para eliminar los pisos turísticos
El anuncio sobre los pisos turísticos responde al decreto de la Generalitat que emplaza a los Ayuntamientos catalanes a redactar, en el plazo de cinco años (desde diciembre de 2023) un plan urbanístico que fije cuántos pisos turísticos acepta tener. La ciudad no admite más licencias desde 2014, cuando la oferta se congeló en 9.600, aunque hay algunos centenares solicitados posteriormente, en momentos de vacío legal, que están pendientes de procesos judiciales que deben determinar sí obtienen licencia. La teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, ha celebrado que la ciudad ganará “el equivalente a fabricar 10.000 pisos” de uso residencial. Y sobre la posibilidad de tener que indemnizar a los propietarios de pisos turísticos que perderán su licencia, ha recordado que el decreto de la Generalitat contempla que los cinco años de plazo actúen como indemnización.
Respuesta al sector inmobiliario por sus quejas sobre el 30%
En en el caso del 30%, el consistorio busca que “funcione”, porque hasta ahora ha provocado duras críticas del sector inmobiliario y ha generado pocas viviendas. “Es una medida que avalamos en su momento, pero no ha conseguido su objetivo”, ha justificado el alcalde. La actual norma urbanística obliga a los promotores que hacen obra nueva o grandes rehabilitaciones en edificios con más de 600 metros cuadrados, a que destinen un 30% de las viviendas a alquiler social. La modificación pasa por permitir agrupar las reservas de vivienda social en un solo edificio (en el mismo barrio) y no imponer que en una misma escalera convivan viviendas de precio de mercado y asequible. Los cambios materializan el documento de recomendaciones que los expertos capitaneados por Carme Trilla presentaron a finales del año pasado al consistorio y responde en buena parte a las demandas del sector inmobiliario.
Sobre los calendarios, Bonet ha explicado el escenario que se abre ahora. En el caso de los pisos turísticos, el horizonte para extinguir licencias es el mes de noviembre de 2028, y se actualizará el Plan de Alojamientos Urbanísticos, pero “estas actividades acabarán su vida útil y en la revisión no habrá la categoría de pisos turísticos”. Es decir, la fórmula no pasa por establecer cuántos permite la ciudad, sino extinguir las licencias. Y los cambios en el 30% pasan técnicamente por aprobar una modificación del Plan General Metropolitano (MPGM), el abecé del urbanismo en la ciudad.
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