Armengol defiende ante el Rey los pactos de Sánchez para la investidura>
No obstante, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, necesitaba los votos de ERC y Junts para ser reelegido y los dos partidos le exigían una ley de amnistía que borre los delitos del proceso separatista y permita regresar a España al prófugo Carles Puigdemont. «La formación del nuevo Gobierno ha necesitado de tiempo, diálogo, negociación y toma de decisiones. La decisión de esta mayoría parlamentaria es legítima y emana de la voluntad de los ciudadanos ejercida el 23 de julio», ha defendido la presidenta del Congreso, cuyo papel debería siempre ser siempre neutral y exento de partidismo.
«Distorsionar la realidad o cuestionar importantes valores democráticos —ha advertido la presidenta en una velada alusión a los postulados de la oposición—, desde la opacidad de la disputa, solo va a aumentar la desafección de la sociedad hacia las instituciones». «La crispación, la polarización y el ruido es algo de lo que, en ocasiones, adolece el actual parlamentarismo, y nuestra obligación para con la sociedad es dar ejemplo, desde la transparencia y el respeto», ha añadido.
La ley de amnistía, ahora mismo en tramitación en el Congreso, y el 'lawfare' —la supuesta guerra judicial que el PSOE se ha comprometido a investigar en la Cámara Baja— han provocado una fuerte reacción social, con protestas en las calles e insólitos comunicados posicionándose en contra de todas las asociaciones judiciales y fiscales, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de muchas otras instituciones. El presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, tachó de «fraude» que Sánchez sea investido asumiendo una norma que prometió que no iba a impulsar. Su homólogo de Vox, Santiago Abascal, directamente acusó al secretario general del PSOE de orquestar «un golpe de Estado».
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