El año anterior a ser rescatada, Plus Ultra solo tenía una cuota de mercado del 0,1% en la aviación comercial española y unas pérdidas multimillonarias. Pidió auxilio al fondo de la SEPI porque ningún banco quiso prestarle dinero durante la pandemia, ni siquiera contando con el aval público del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
La aerolínea hizo «una utilización indebida» de los 53 millones que recibió de la SEPI. La red movió fondos procedentes del oro del Banco de Venezuela en Francia, Suiza y España
Para su rescate, igual que para el de otras aerolíneas como Air Europa, fueron fundamentales dos informes del Ministerio de Transportes, entonces con José Luis Ábalos a los mandos. Como ya contó este periódico, ex altos cargos de la SEPI en la época en la que se concedieron las ayudas a Air Europa y Plus Ultra apuntaron a que el exministro estuvo constantemente encima de ambas operaciones.
El rescate fue firmado por el Consejo de Ministros el 9 de marzo, junto al de Duro Felguera, y se justificó por la «condición estratégica» del transporte aéreo en España como contribuidor del turismo, «uno de los motores económicos de España». El Gobierno apuntó también que Plus Ultra era «una aerolínea de nicho» que opera vuelos de larga distancia a países de Latinoamérica, y en especial a Ecuador, Perú y Venezuela.
«El tipo de cliente de Plus Ultra es distinto al de otros competidores, centrándose principalmente en residentes en España u otros destinos que viajan principalmente a visitar familiares o por ocio, además de también turismo. Su oferta, por tanto, cubre un ámbito de servicios en el mercado complementario a los servicios que proporcionan las compañías de mayor tamaño. Además, la compañía emplea a 345 trabajadores directos, considerando los puestos de trabajo indirectos generados por su actividad superiores a los 2.500 empleos», fue el argumentario que el Ejecutivo de Pedro Sánchez sacó a relucir para justificar la ayuda del Estado.
Antes de llegar al cónclave ministerial, el expediente del rescate fue validado por el consejo gestor del Fasee, el cual estaba compuesto por el entonces presidente de la SEPI, Bartolomé Lora, y los números dos de los ministerios de Economía, Hacienda, Industria y Energía. Desde su aprobación, el Gobierno ha negado dar información a la solicitud de empresas y particulares.
Lo cierto es que la SEPI y el Gobierno validaron una ayuda de 53 millones de euros a una empresa que nunca en su historia había obtenido beneficio económico. De hecho, la aerolínea presidida entonces por Fernando García Manso ya constituía una empresa en crisis antes de llegar la pandemia. Además de unas pérdidas de tres millones antes del Covid, arrastraba una deuda de más de diez millones en su último balance. De no ser por un préstamo participativo llegado desde un banco panameño relacionado con el accionariado venezolano de la aerolínea, hubiera estado en causa de disolución cuando recibió el rescate.
Antes de pedir el rescate a la SEPI, Plus Ultra acudió a la banca privada y ésta rechazó concederle cualquier tipo de financiación al considerar que había riesgo de impago, a pesar del respaldo del 70% del aval del ICO para grandes empresas. Teniendo en cuenta su facturación (94 millones) en las cuentas que tenía declaradas a 31 de enero de 2020, el rescate de 53 millones equivalía a más de la mitad de sus ingresos. Una cifra desproporcionada, según denunciaron en su día desde el sector empresarial y la oposición.
El caso acabó en manos de la justicia por las denuncias de PP y Vox e incluso se llegó a paralizar durante varias semanas la llegada a la aerolínea del segundo tramo del rescate equivalente a los 34 millones del préstamo participativo. La judicialización del caso, a cargo de la juez titular del juzgado de instrucción nº15 de Madrid, Esperanza Collazos, se alargó año y medio, hasta principios de 2023, cuando la magistrada archivó la investigación tras concluir que «no se ocultaron datos con el ánimo de defraudar». A raíz de una denuncia de Ciudadanos, el rescate a Plus Ultra también llegó a ser fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, pero el expediente también acabó archivado al no constatar perjuicio económico para las arcas públicas.
Lo que sí provocaron estas investigaciones fue la paralización durante meses del fondo de rescate de la SEPI, tras la negativa de los funcionarios de la entidad a firmar los expedientes por miedo a que otras ayudas acabaran en manos de la Justicia.