El Gobierno aprueba el proyecto de Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud
El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al proyecto de Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que quedó aplazada con la convocatoria de elecciones generales del pasado año y la disolución del Parlamento. El primer intento lo llevó a cabo Carolina Darias hace casi dos años.
Según ha señalado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, "con esta ley se pone fin a los recortes que llevó a cabo el PP y viene a garantizar el aprendizaje de la pandemia donde entendimos que no estaremos a salvo hasta que no estemos todos a salvo".
El proyecto de ley, que ahora iniciará su andadura en las Cortes para la inclusión de enmiendas y su aprobación definitiva, nace, según ha informado el ministerio "con el fin de recuperar el derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones para las personas españolas que residan en el extranjero, para los extranjeros que vienen por reagrupación familiar y para toda persona residente en España con independencia de su condición administrativa mediante la revisión de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del SNS".
La propuesta legislativa aprobada por el Gobierno amplía el derecho a la atención sanitaria de las personas con nacionalidad española que residen en el extranjero, desplazadas temporalmente al territorio español y a los familiares que los acompañen, "cuando no tuvieran prevista dicha cobertura de acuerdo con los reglamentos comunitarios o los convenios bilaterales que comprendan la prestación de asistencia sanitaria".
También se amplían los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria a las personas ascendientes reagrupadas por hija o hijo titular del derecho a la asistencia sanitaria en el SNS, cuando estén a su cargo y siempre que no exista un tercero obligado al pago de dicha asistencia.
El texto incluye, además, el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas titulares del derecho durante su permanencia en España a personas solicitantes de protección internacional, solicitantes y beneficiarias de protección temporal, víctimas de trata de seres humanos cuya estancia temporal en España haya sido autorizada durante el periodo de restablecimiento y reflexión, y personas no registradas ni autorizadas como residentes en España.
En este último caso, desde Sanidad indican que "la asistencia -que no genera un derecho de cobertura fuera del territorio español- será con cargo a los fondos públicos de las administraciones competentes siempre que se cumplan los siguientes requisitos: no tener la obligación de acreditar cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía, no poder exportar el derecho de cobertura sanitaria desde su país de origen y no existir un tercero obligado al pago".
Todos estos requisitos podrán acreditarse con la presentación de una declaración responsable (no el empadronamiento), "sin menoscabo de que, posteriormente, al resolverse el procedimiento administrativo, se deba gestionar el pago de la asistencia recibida por el usuario o por un tercero obligado al pago".
En cuanto a la prestación farmacéutica, todos los grupos antes mencionados se incorporan al sistema para que no tengan que pagar el 100% de los medicamentos.
DISEÑO DE CARTERA ÚNICA DE SERVICIOS SANITARIOS, NO 17
El proyecto de Ley recupera, además, la "cartera común de servicios única", que, según ha detallado la ministra, "agrupa la cartera común básica de servicios asistenciales, la cartera común suplementaria y la cartera común de servicios accesorios y se garantiza que no se puedan incluir nuevos copagos". El texto "incluye también la salud pública", ha añadido García.
La ministra, a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa, ha insistido en que "la ley de 2012 del PP, además de debilitar el Sistema Nacional de Salud vulneraba el Código Deontológico de los profesionales".
Por otra parte, la ministra ha dado cuenta también de la aprobación por parte del Ejecutivo de un traspaso de fondos a las comunidades autónomas por valor de 38,5 millones para "reforzar el Plan de Salud Mental 2024", como parte de la estrategia. "Estos 38,5 millones vienen a reforzar el compromiso que tenemos desde el Gobierno con la salud mental y la estrategia para que las comunidades puedan poner medidas e iniciativas que vayan en la mejora de la salud mental de la población", ha señalado la ministra.
Además, sobre la cobertura de las lentillas y gafas que ayer anunció, García ha explicado: "Por ahora estamos manteniendo reuniones con ópticos y optometristas para ver por los tramos de población por lo que tendremos que empezar. Queremos incluirlo en la cartera de servicios y sí, que sea en 2025".