El Gobierno interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra la ‘ley trans’ de Ayuso
El Gobierno va a interponer dos recursos de inconstitucionalidad contra leyes del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, dos normativas que después después de su mayoría absoluta en las elecciones del 23-J del pasado año, el Ejecutivo madrileño modificó: la ley trans, y la de Protección Integral Contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual. Lo ha anunciado este martes la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha informado además de que en el momento en el que el Tribunal Constitucional (TC) lo admita, las leyes en cuestión quedarán paralizadas durante seis meses que serán prorrogables si en ese tiempo no da tiempo a resolver el recurso, que se suman al que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilando, presentó también contra la ley de protección de las personas trans y que el TC admitió a trámite el pasado mayo.
El cambio que el Gobierno de Ayuso hizo sobre esa normativa no solo es contraria a la ley trans nacional, aprobada con el anterior Ejecutivo y que suponía despatologizar a las personas trans eliminando los requisitos médicos para cambiar el nombre y el sexo en el DNI, sino que supone un recorte de derechos en tanto que derogan artículos y cambian la redacción en cuestiones clave para el día a día, como la atención sanitaria a menores, ese cambio de nombre y sexo en el DNI o la situación de las niñas trans en el deporte de base.
Ana Redondo, la ministra de Igualdad, ha explicado durante la rueda de prensa que antes de este procedimiento ante el TC “se inició la negociación” con el Ejecutivo madrileño para buscar una solución extrajudicial, pero que tras las reuniones que mantuvieron, se tomó la decisión porque no hubo “entendimiento”. “No puede haber diferencias entre las personas trans de la Comunidad de Madrid y las del resto de España. Esta ley es un recorte a los derechos de la ley estatal”, ha dicho Redondo, que cree que esas normativas “tendrían que haber hecho todo lo contrario”, tendrían que “incorporar, mejorar, ampliar” los derechos que ya garantiza la ley nacional.
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