Argentina sale a las calles contra el negacionismo de Milei
Javier Milei quiere hacer saltar por los aires el consenso sobre los crímenes de la dictadura argentina construido en los últimos 40 años de democracia. El mandatario y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, llegaron a la Casa Rosada negando la existencia de un plan sistemático de exterminio entre 1976 y 1983 y este domingo, cuando se conmemoran 48 años del golpe militar, el Gobierno fue más allá. Desde las cuentas oficiales de la Casa Rosada, el Ejecutivo difundió este domingo un video que equipara el terrorismo de Estado con la violencia de grupos guerrilleros, defiende que hubo una ”guerra”en la que “cayó gente inocente de los dos lados”, cuestiona el número de víctimas de la dictadura y sugiere que los organismos de derechos humanos “cobraban el diezmo” para pedir justicia por los miles de desaparecidos. La provocación llegó horas antes de una marcha, que se prevé multitudinaria, por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que conmemora el aniversario del golpe y homenajea a las víctimas.
El 24 de marzo de 1976 comenzó la dictadura más sanguinaria de la historia de Argentina. Los militares permanecieron en el poder casi siete años en los que llevaron a cabo un plan sistemático de exterminio. Secuestraron, torturaron, asesinaron, robaron bebés y desaparecieron a miles de personas cuyos cuerpos nunca han sido encontrados. Al recuperar la democracia, los argentinos dijeron nunca más al terrorismo de Estado y los responsables de esos crímenes de lesa humanidad comenzaron a ser juzgados. Desde entonces, más de 1.200 personas han sido condenadas en un proceso judicial único en América Latina que ha permitido que los argentinos conozcan los detalles de las atrocidades que perpetraron los militares.
Hasta Milei, todos los gobiernos democráticos habían condenado el terrorismo de Estado. Macri cuestionó la cifra de 30.000 desaparecidos que sostienen las organizaciones de derechos humanos, pero no el plan criminal del régimen demostrado en más de 300 juicios.
Para el presidente ultra, en cambio, ni hubo 30.000 víctimas ni hubo terrorismo de Estado. Ya en campaña, Milei declaró que en los años setenta en Argentina “hubo una guerra [entre militares y guerrilleros] y las fuerzas del Estado cometieron excesos”. La vicepresidenta, Victoria Villarruel, coincide y exige una “memoria completa” que incluya a las víctimas de las guerrillas.
El Gobierno plasmó su versión en un video de 12 minutos difundido este domingo en las redes oficiales de la Casa Rosada. En la grabación, se oyen los testimonios de María Fernanda Viola, cuyo padre fue asesinado en 1974 —aún en democracia— por un grupo armado, del escritor y político Juan Bautista Yofre y del exguerrillero Luis Labraña. De acuerdo con su relato, en esos años “el país no resistía más” y lo que ocurrió fue una “guerra” entre “monstruos”. Pero para los protagonistas del video, se ha mostrado “una sola cara” de esa historia y es necesaria una “verdad completa” para “sanar las heridas”.
El video omite señalar, sin embargo, que la justicia ha determinado que las Juntas Militares pusieron en marcha un plan de desaparición, tortura y exterminio de un sector de la población civil y que los responsables fueron condenados por delitos de lesa humanidad en una serie de procesos que iniciaron en 1985 y continúan hasta hoy. Esta política de Estado ha sido pionera y ha sido impulsada en gran parte por organismos de derechos humanos como Abuelas o Madres de Playa de Mayo, que el video son acusados de hacer “un gran negocio” con su labor.
El despliegue comunicacional activado este domingo no fue una sorpresa: después de que el 8M, mientras el feminismo salía a las calles, el Gobierno anunció el cambiaría el nombre del Salón de las Mujeres de Casa Rosada, la expectativa sobre las acciones que activaría este domingo era alta.
El cambio de discurso ha roto uno de los consensos más sólidos de la sociedad argentina y ha disparado la tensión en los días previos al aniversario del golpe. Días atrás, una militante de derechos humanos denunció que fue asaltada, amordazada y abusada en su casa. “No vinimos a robarte, vinimos a matarte”, le dijeron los agresores. Antes de irse escribieron en la pared: “¡Viva la libertad, carajo!”, el latiguillo que el presidente popularizó desde su campaña presidencial el año pasado.
Esta misma semana, la editorial Marea, que cuenta con un amplio catálogo de libros sobre derechos humanos, sufrió un ataque cibernético y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, denunció que su teléfono está intervenido. De Carlotto atribuyó a esas supuestas escuchas ilegales el ruido de fondo y las constantes interferencias escuchadas durante las entrevistas radiofónicas que concedió en los últimos días.
Trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos también han denunciado desfinanciamiento, falta de designación de autoridades y despidos en áreas como el Archivo Nacional de la Memoria, en la Dirección de Violencia Institucional o en el equipo de Prensa. “No encontramos criterio. Solamente el desguace del Estado y las políticas públicas de memoria, verdad y justicia”, criticó Flavia Fernández Brozzi, representante de los trabajadores de la secretaría. La secretaría está dentro del predio donde funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada (exESMA), instalaciones militares que durante la dictadura operaron como el mayor centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Allí también se encuentra el Museo de la Memoria, un espacio declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO que Villarruel amenazó con desarmar.
Nuevo protagonismo militar
Milei quiere cambiar también el paradigma que se ha mantenido vigente para las Fuerzas Armadas desde el regreso de la democracia. Su Gobierno ha anunciado que enviará al Congreso una reforma de la ley de Seguridad Interior que autorice la intervención de los militares en conflictos como la narcoviolencia que golpea a la ciudad de Rosario. Hoy los militares no quieren saber nada de ese cambio de funciones.
Las Fuerzas Armadas controlaron la política argentina durante más de medio siglo. En 1930 dieron el primer golpe de Estado, al que siguieron otros para intentar reprimir primero a la Unión Cívica Radical (UCR), y luego, a partir de 1955, al peronismo. Cuando entregaron el poder en 1983 habían sacado por la fuerza de la Casa Rosada a cinco gobiernos democráticos.
A partir de ahí su poder disminuyó. El presidente de la transición, el radical Raúl Alfonsín, juzgó a los jerarcas de la dictadura en 1985. En 1991, un peronista, Carlos Menem, los indultó. Sin embargo, comenzó también un proceso de desfinanciación de las Fuerzas Armadas y el repliegue de las tropas a los cuarteles al que ahora Milei quiere poner fin. A contracorriente de los recortes en las demás áreas del Estado, el Gobierno está dispuesto a modernizar su equipamiento y formación para que recuperen protagonismo con nuevos roles.
La multitudinaria movilización convocada este domingo planta cara al intento del Gobierno de Milei de minimizar y reescribir el episodio más oscuro de la historia del país sudamericano.
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