El Gobierno regula por ley la suspensión de la amnistía si un juez recurre a Europa
En plena tramitación de la norma en el Congreso encomienda su aplicación al TJUE y alivia al Constitucional
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Junts votará «no» a los tres primeros decretos de Sánchez, incluido el que afecta a la ley de amnistía
El «no» de Junts fue comunicado ayer al PSOE en una reunión en Barcelona entre Santos Cerdán, secretario de Organización de los socialistas, y Jordi Turull, secretario general de Junts. Según fuentes de esta formación política, el encuentro entre ambos, que mantienen una relación directa y regular, se centró en el real decreto-ley del Ejecutivo de Pedro Sánchez y la necesidad de contar con el apoyo de Junts para su convalidación, imprescindible si el PP, como señalaron fuentes de los populares a finales de diciembre, votará en contra del texto.
«Sí, votaremos en contra. El contenido del real decreto-ley no es votable y el Gobierno ha aplicado la política de los hechos consumados», han señalado desde el partido que lidera Puigdemont desde Waterloo (Bélgica). El principal motivo de su «no» es que el real decreto-ley (que tiene 211 páginas), y que aborda cuestiones de distintos sectores, abre la puerta a una regulación que afecta a la aplicación de la ley de amnistía (ley que está en trámite parlamentario y cuyo texto fue pactado en última instancia entre el PSOE y Junts) por la puerta de atrás.
De convalidarse en el Congreso finalmente el real decreto-ley, aprobado por el Gobierno el 19 de diciembre, se reforzará el efecto suspensivo que tiene sobre un procedimiento concreto la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que toca de lleno a la ley de amnistía, que en su redactado actual trata de impedir esta paralización. La aplicación de la ley de amnistía, que será recurrida por distintos partidos y colectivos, quedaría así suspendida desde el momento en el que un juez plantease dudas sobre la compatibilidad de la norma con el derecho europeo y hasta que la justicia europea resuelva.
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Según avanzó ABC el 20 de diciembre, en la práctica esta suspensión ya se estaba llevando a cabo en base a la propia doctrina europea, pero es ahora cuando el Ejecutivo la ha plasmado por escrito en un real decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Entre las normas a modificar se encuentra la Ley de Enjuiciamiento Civil, que añade un artículo bis al 43, regulando con precisión las consecuencias de la presentación de una cuestión prejudicial por cualquier juez que tenga dudas sobre el encaje de una ley con el derecho de la Unión Europea.
Respecto a los otros dos decretos-ley del Gobierno, en Junts mantienen la posición de votar en contra porque, desde su punto de vista, invaden competencias de la Generalitat y no dotan a los gobierno regionales de recursos para aplicarlos. Son los decretos-ley sobre las medidas anticrisis y las decisiones adoptadas en materia de trabajo. En este caso, al menos el texto con las medidas anticrisis económica no correrá peligro pues el PP ha asegurado que dará su apoyo al Ejecutivo de Sánchez para que el texto se convalide en el Congreso.
Los populares, Vox y UPN suman en el Congreso 171 escaños. Con Coalición Canaria son 172. Por lo tanto, los siete diputados de Junts son decisivos para cualquier votación en bloques. Los partidos de Gobierno (PSOE y Sumar) más los que le dan su apoyo regularmente suman 171 votos. Puigdemont es consciente de ello y lo utilizará para seguir negociando con los socialistas y conseguir más beneficios para los independentistas. Por su parte, fuentes oficiales de ERC han indicado a este diario que están estudiando su jurídicamente el posible efecto del decreto-ley del 19 de diciembre para determinar su voto.