Bruselas urge a España a acabar con las “condiciones discriminatorias” de los trabajadores públicos temporales
La Comisión Europea urge a España a “eliminar las condiciones discriminatorias de empleo” en su sector público. El Ejecutivo comunitario ha informado este jueves del envío de una carta al Gobierno español en la que le da dos meses para abordar las diferencias entre los funcionarios y los trabajadores temporales. De lo contrario, amenaza con avanzar en un procedimiento por infracción de la normativa comunitaria que se abrió en 2014 y enviar una opinión razonada, el procedimiento previo a llevar el asunto ante los tribunales.
El comunicado de Bruselas admite que España “ha modificado reglas” desde la apertura formal del expediente en 2014, pero agrega que “permanecen los problemas de discriminación”. Estos se refieren a la obtención de permisos laborales, al cálculo de la antigüedad del empleado y al acceso a la carrera laboral. Esas diferencias entre trabajadores indefinidos (normalmente funcionarios) y los que tienen contratos de duración determinada (como los interinos) es contrario a una directiva de 1999 a juicio de la Comisión. Esta “prohíbe la discriminación contra los trabajadores de duración determinada”.
Eso ha motivado el envío de una segunda carta por este asunto, que es de la que este jueves ha dado cuenta la comisión, en la que se informa al Gobierno del “fallo en la correcta trasposición [de la directiva] a la legislación nacional”. “La ley española contiene condiciones menos favorables para estos empleados” en el sector público, en comparación con los funcionarios, sostiene el Ejecutivo comunitario en un comunicado. Y por eso, continúa, “España tiene dos mese para afrontar los fallos identificados”.
De no hacerlo, “la Comisión podría decidir enviar una opinión razonada”. Este es un paso previsto en los procedimientos por infracción de la normativa comunitaria y supondría llevar el conflicto un poco más allá. El envío de la carta informativa es la primera fase, y supone una especie de aviso. La opinión razonada supone ya una petición formal para que un Estado cambie su legislación, normalmente con un plazo que es también de dos meses. El siguiente ya sería enviar el asunto al Tribunal de Justicia de la UE.
Este no es precisamente ajeno a la problemática de España con sus trabajadores temporales. Aunque por otro motivo: el encadenamiento abusivo de contratos. El tribunal con sede en Estrasburgo ha examinado esta cuestión en varias ocasiones. La última en que lo hizo, el mes pasado, fue para pedir a España que haga a esos trabajadores indefinidos, aunque no se conviertan necesariamente en funcionarios. Uno de los casos examinados se refería a un trabajador que llevaba 30 años encadenando contratos con la Administración.
Pero el expediente al que hace referencia ahora la Comisión no tiene que ver con ese abuso de temporalidad, un asunto que también preocupa en Bruselas, sino a las diferencias en las condiciones laborales. El envío de la carta ha sido comunicado junto con muchos otros casos de posibles infracciones de la normativa comunitaria que afectan a todos los Estados miembro.
En el caso de España, se ha informado de posibles sanciones por otros asuntos como las restricciones de la normativa nacional a las los planes de pensiones o por no facultar correctamente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para hacer cumplir la Ley europea de servicios digitales, que busca prevenir prácticas abusivas de las grandes plataformas de internet. También por no haber completado la trasposición de la normativa relativa a casos de reestructuraciones bancarias, por no aplicar correctamente el plan de rendimiento y tarificación del Cielo Único Europeo en los servicios de navegación aérea o por incumplir los objetivos de recogida y reciclaje. Todos estos asuntos se refieren a expedientes compartidos por otros países, y usualmente se da el plazo de dos meses para que el Gobierno rinda cuentas ante Bruselas.
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