Caso ERE: la mayor causa de corrupción aunque el Constitucional ahora lo matice
El caso de los ERE es la mayor causa de corrupción investigada y sentenciada nunca en la historia reciente de España, aunque el Tribunal Constitucional (TC) haya decidido este miércoles, por siete votos frente a cuatro, estimar parcialmente el recurso de Magdalena Álvarez, ex consejera andaluza y ministra con Zapatero. La ex consejera de Hacienda fue condenada a nueve años de inhabilitación por prevaricación en esta causa judicial. La decisión del TC implica anular esta condena y que la Audiencia de Sevilla dicte un nuevo fallo, que tendrá que ser más beneficioso para la ex ministra, pero no necesariamente debe ser una absolución.
La anulación de esta condena por prevaricación no provoca que, de forma automática, los 1.821 folios de la sentencia condenatoria de los ERE de la Audiencia de Sevilla, ratificada en casi todos sus extremos por el Tribunal Supremo, vayan a quedar en papel mojado. La decisión del Constitucional se circunscribe a determinados aspectos del delito de prevaricación, que matiza, pero tampoco lo tumba. Además, en el caso ERE hay otro delito más grave, el de malversación, sobre el que el TC todavía no se ha pronunciado.
Al amparar parcialmente a Magdalena Álvarez, el Constitucional enmarca la actividad delictiva de la trama de los ERE, en lo relativo a la prevaricación, en las modificaciones presupuestarias que, año tras año, hicieron los sucesivos gobiernos andaluces socialistas para ir engordando la partida presupuestaria 31L, que nutría los ERE, también conocida como fondo de reptiles. El TC ha dicho que elaborar las leyes andaluzas de los presupuestos -en las que estaban las ayudas de los ERE- no es prevaricación, al contrario de la tesis sostenida por la Audiencia y el Supremo. En cambio, sí es ilegal hacer modificaciones presupuestarias. Con estas claves tendrá que redactarse la nueva sentencia.
Crisis empresariales en el feudo del PSOE
En cualquier caso y más allá de la trascendencia que pueda tener la decisión del Constitucional, lo cierto es que el Gobierno andaluz, en la etapa del PSOE, ideó y desarrolló un sistema para disponer y otorgar a discreción cientos de millones de euros, saltándose todos los controles y todas las normas con un solo fin, apagar los fuegos sociales que en aquella época, a partir del año 2000, amenazaban la hegemonía socialista en uno de sus feudos.
Con este sistema opaco se repartieron de forma clientelar exactamente 679.432.179,09 euros. Es la cantidad de dinero público malversada más elevada de todos los casos de corrupción investigados en la historia reciente de España. En las distintas piezas de la trama corrupta de la Gürtel, vinculada al PP, el dinero desviado es inferior a los 100 millones de euros.
Los casi 680 millones de euros desviados a lo largo de una década con los ERE iban dirigidos, supuestamente, a trabajadores de presuntas empresas en crisis, que en realidad eran aquellas que tenían hilo directo con determinados altos cargos de la Junta. Así ha quedado demostrado a lo largo de la instrucción del caso. Además, por el camino, el dinero público se desvió a fines menos loables.
El chófer de la coca
Entre los hitos más escandalosos del desvío de los dinero de los ERE están las andanzas del chófer de la coca, Juan Francisco Trujillo, ya condenado a cuatro años y nueve meses de prisión por gastar parte de los 1,3 millones de euros en ayudas que le concedió la Junta a la compra de droga. O los intrusos que se colaban en los ERE costeados con dinero público y que estaban muy bien conectados con responsables sindicales o con dirigentes del PSOE y que nada tenían que ver con las empresas en crisis. O la trama de comisionistas e intermediarios que lavaron dinero y pudieron llevarse un botín de unos 66 millones, un caso que está pendiente de ser juzgado.
Pero más allá de los casos puntuales más o menos escandalosos lo cierto es que el dinero público fue a parar a quien, de forma opaca y arbitraria, decidieron los responsables de la Junta de Andalucía. En los años que se malversaron los fondos (2000-2010), en Andalucía hubo exactamente 9.461 empresas que presentaron expediente de regulación de empleo (ERE) y 120.829 trabajadores se vieron afectados por aquellos expedientes. Prácticamente ninguno de esos ERE fueron bendecidos por el maná de los fondos que arbitrariamente repartía la Junta. El número de empresas que sí recibieron fondos es de 77, como recalcó la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación.
La suma millonaria del caso ERE no tiene parangón con la de ningún otro caso de corrupción política destapado en España. Según resume la sentencia, el desvío iba desde los 6.977.751 euros del año 2000, en el que se estableció el sistema fraudulento, hasta un récord de 94.744.185,09 euros de 2008. El promedio anual de dinero distraído de los controles fue de 66 millones hasta acumular un total de 679.432.179,09 euros.
La prevaricación y Chaves
La revisión de la prevaricación que ha establecido el Tribunal Constitucional, al estimar parcialmente el recurso de Magdalena Álvarez, traerá consecuencias, con toda probabilidad, para el resto de ex altos cargos de la Junta que sólo están condenados por este delito, y no por malversación. Al igual que la ex consejera Álvarez verán atenuadas sus condenas. Está por ver si la Audiencia decide absolverlos. En cualquier caso, la decisión del TC no implica de forma directa su absolución.
En esta situación están el ex presidente del Gobierno andaluz y ex presidente del PSOE Manuel Chaves y su mano derecha en la Junta Gaspar Zarrías. Ambos están condenados en firme a la misma pena que Magdalena Álvarez: 9 años de inhabilitación especial por prevaricación.
También está condenado sólo por prevaricación Jacinto Cañete, que fue director general de la Agencia IDEA de la Junta, considerada la caja pagadora de los ERE, entre mayo de 2008 y diciembre de 2009. Este ex alto cargo fue sentenciado a 8 años y 6 meses de inhabilitación especial.
Los otros dos ex altos cargos de la Junta condenados por los ERE a 9 años de inhabilitación especial por prevaricación son José Salgueiro (viceconsejero de Economía y Hacienda desde 1990 a 2004) y Antonio Vicente, que fue viceconsejero de Presidencia y director general de Presupuestos de la Junta entre abril de 2002 y abril de 2009.
Penas de prisión
Pero la trama de los ERE va más allá de estos seis ex altos cargos condenados sólo por prevaricación. Otros nueve fueron sentenciados con penas de prisión por delitos de malversación. Entre ellos está el ex presidente de la Junta y ex consejero de Hacienda José Antonio Griñán (condenado a seis años de cárcel); los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández (ambos con siete años de cárcel); la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo (seis años de cárcel); el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo (siete años de prisión); Jesús María Rodríguez Román, ex viceconsejero de Innovación (seis años de prisión); y Miguel Ángel Serrano, ex director de la Agencia Idea (seis años de prisión).
Completan la lista de condenados a penas de cárcel el ex viceconsejero Agustín Barberá (siete años de prisión) y el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez (tres años de cárcel). De estos nueve ex altos cargos, sólo dos de ellos no han pisado la cárcel: Griñán por el cáncer que padece y Márquez, cuya pena de prisión fue suspendida provisionalmente al reducir la misma el Tribunal Supremo de siete a tres años.