María Jesús Montero será la encargada de impulsar y coordinar el plan de lucha contra la corrupción que ha puesto en marcha el Gobierno de España. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación de esta comisión interministerial, anunciada tras el estallido del caso que afecta al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, dándole las riendas a la ministra de Economía y Hacienda. Precisamente, la persona que puso «la mano en el fuego por la inocencia» del número tres del Partido Socialista y presumió de amistad y complicidad.
Este proyecto ya lo presentó el propio presidente Pedro Sánchez a bombo y platillo con muchas medidas que son redundantes o que ya existen, como señaló ABC, si bien desde el Ejecutivo central aseguran que recoge las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Comisión Europea.
La gran sorpresa ha sido la elegida por el máximo mandatario del país. Y es que Montero, que no ha sido condenada por corrupción ni tampoco investigada, sí que ha estado rodeada de casos de mala gestión del dinero público, algunos de los más sonados de España.
Amén de esa relación cercana con Santos Cerdán, que ha provocado esta maniobra de Sánchez para combatir la corrupción que ha afectado directamente a sus dos manos derechas (Cerdán y Ábalos), María Jesús Montero ejerció de consejera en el Gobierno andaluz de Manuel Chaves y posteriormente José Antonio Griñán, condenados por corrupción por el caso Ere. Se trata del mayor escándalo de la historia no sólo de la Comunidad Autónoma, sino de toda la nación por la cantidad de dinero público que se gestionó de manera ilegal. Por ello, el PP acusa a Pedro Sánchez de «burlarse de todos los españoles».
La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, menciona precisamente estos dos asuntos: Montero fue consejera «del mayor Gobierno corrupto de una comunidad autónoma», además ha formado parte «de un Gobierno en el que se han contratado prostitutas y que se han amañado contratos», por el 'caso Koldo' y el exministro José Luis Ábalos.
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Son dos líneas rojas, pero no las únicas. Pocos meses atrás, el presidente del Tribunal Económico Administrativo (TEAC), adscrito al Ministerio de Hacienda, José Antonio Marco Sanjuán, acabó dimitiendo de nuevo por supuestas 'mordidas', tras ser acusado de cobrar sobornos a cambio de archivar casos fiscales.
También le recriminaron los populares que participó directamente en el rescate de Air Europa, investigado por los tribunales. «Además, su jefe de gabinete recibió, según Aldama, 25.000 euros y ella lo defendió en el Congreso. Adjudicaciones a empresas vinculadas, como la del asesor del delegado del Gobierno en Andalucía». Sobre todo le critican el silencio, «mucho silencio ante los casos Faffe, Isofotón, ERE...».
Son «muchas fotos de corrupción y de mala gestión de los recursos públicos», destacó Antonio Repullo, secretario general del PP en Andalucía en una rueda de prensa.
Debido a todos estos casos, y algunos más, no parece la figura indicada para encabezar la lucha contra la corrupción. Se antoja, de nuevo, como una provocación del presidente. «Si no fuera tan grave parecería un chiste y una burla», apostilló la portavoz 'popular'. El actual Ejecutivo central, «el más corrupto de la democracia», no puede liderar ningún plan contra la corrupción.
«El Gobierno de la corrupción, que ha tenido ministros que contrataban a prostitutas, el Gobierno que amañaba contratos, que está de corrupción por arriba y por abajo, que tiene un secretario de organización del partido que sustenta al Gobierno, que hoy duerme en prisión, no puede liderar ningún plan contra la corrupción», comentó.
«El único plan anticorrupción que piden y quieren los españoles es una convocatoria electoral», concluyó.
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