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El sector ganadero, especialmente el vinculado a la ganadería extensiva, ha recibido con indignación la nueva imposición del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) relativa a la identificación electrónica obligatoria de los bovinos. José Manuel Roca, responsable de Ganadería en Asaja Sevilla, denunció la medida, asegurando que se trata de una decisión unilateral, adoptada sin contar con el sector productor, y que supone un coste añadido injustificado para los ganaderos.
El próximo 1 de julio entrará en vigor el Real Decreto 787/2023, que obliga a identificar electrónicamente a todos los bovinos nacidos desde esa fecha. La medida ha generado un fuerte rechazo en el campo, donde se acusa al Ministerio de Agricultura de imponerla sin contar con los ganaderos ni realizar un estudio de impacto.
Actualmente, los bovinos se identifican mediante dos crotales visuales, una medida considerada suficiente para garantizar la trazabilidad del animal. Sin embargo, el nuevo decreto establece que los animales nacidos desde julio de 2025 deberán llevar un crotal electrónico. «Es como imponerle un chip sin que nadie lo haya pedido», explicó Roca, que ve en esta decisión «una maniobra interna impulsada por el sector del cebo, que se beneficiará de la medida mientras que el coste lo asumirá el ganadero».
Asaja Sevilla considera que esta normativa, lejos de responder a una exigencia europea, responde a un afán del Ministerio por ser «más papistas que el Papa». Roca subrayó que sólo cinco países de la Unión Europea han adoptado medidas similares, y que «la normativa europea no obliga a ello. Esta es una decisión voluntaria que ha tomado el Ministerio por su cuenta».
Uno de los principales reproches del sector es la ausencia de un estudio de impacto previo y la falta de acompañamiento técnico. «No sabemos si los nuevos crotales se engancharán más en el monte, ni cómo afectarán a los animales. Nadie explica nada. Esto no es simplificación administrativa, es una carga añadida», aseguró Roca.
El coste de los nuevos dispositivos, su instalación y el equipamiento necesario para leerlos recaerá íntegramente sobre los productores. «Un lector puede ser asumible para un cebadero grande, pero no para un pequeño ganadero que tiene diez vacas en extensivo», denunció.
Además, la pérdida del crotal electrónico podría llegar a impedir el movimiento del animal, afectando especialmente a las explotaciones que exportan o que dependen de una trazabilidad inmediata. «Si pierden el crotal electrónico, el animal está identificado visualmente, pero no podrá moverse. Eso puede suponer la pérdida de una venta», advirtió.
Desde Asaja se lamenta que el Ministerio no haya querido sentarse con los ganaderos ni realizar pruebas piloto que permitiesen anticipar problemas técnicos o logísticos. «Una vez más, se toman decisiones desde un despacho sin pisar el campo. Esto va a beneficiar a toda la cadena, pero lo va a pagar solo uno: el ganadero».
«Esta decisión beneficia al sector del cebo, que recibirá animales ya identificados digitalmente, pero quienes tendrán que asumir el coste somos los ganaderos de extensivo», señalan desde el campo. Además, advierten que la pérdida del crotal electrónico podría impedir el movimiento de los animales, afectando especialmente a quienes exportan.
La falta de información, pruebas previas o apoyo técnico es otra de las críticas. «No sabemos cómo afectará a los animales en el monte ni si habrá disponibilidad de lectores, que también tendremos que pagar nosotros». El sector reclama diálogo y una implantación consensuada: «Una mejora tecnológica no puede imponerse sin preparar al que la paga». La organización agraria insiste en que no se opone al progreso tecnológico, pero sí exige que se haga de forma consensuada y con apoyos claros al sector.
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