El Ministerio de Hacienda penaliza a Andalucía con 853 millones de euros por bajar impuestos
Solo durante el año 2022, el último ejercicio liquidado, Andalucía fue penalizada con 853,8 millones de euros por aplicar rebajas fiscales. Es el dinero que tuvo que transferir al Estado porque la cuantía ingresada a través de los citados tributos no alcanzó la cifra que el desfasado modelo de reparto de los recursos estatales asigna a Andalucía atendiendo a una serie de parámetros.
¿Por qué sucede esto? Para entenderlo conviene aclarar cómo funciona el enrevesado sistema de financiación autonómica, el manual que marca cómo se distribuyen los recursos entre las comunidades para que todas dispongan del dinero necesario por habitante ajustado para prestar los servicios públicos esenciales, como sanidad o educación, en condiciones de igualdad con el resto de españoles. Un objetivo que no cumple el modelo vigente aprobado en el año 2009, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), que lleva una década caducado y pendiente de revisión. Andalucía es una de las cuatro autonomías más castigadas por este modelo de reparto, junto con la Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha.
El sistema actual opera como una cesta común, que se denomina Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. Esta hucha se nutre con el 50% de lo que se recauda a través del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de impuestos especiales, tributos que comparten el Estado y las comunidades, además de lo obtenido a través de los impuestos gestionados por las autonomías y de otros fondos estatales. Todo ese dinero se distribuye después entre los territorios atendiendo a su población ajustada con otros factores demográficos y geográficos.
En los tributos sobre el juego el desfase entre la estimación oficial y la real superó los 710 millones
Las comunidades aportan a la bolsa común una cuantía equivalente al 75% de una recaudación normativa fijada por el sistema, una cifra que es ficticia o virtual, y que no necesariamente coincide con el dinero que realmente reciben las arcas autonómicas. De hecho, rara vez concuerdan.
El tamaño del desfase depende principalmente del uso que haga cada territorio de su margen de competencia para bajar los tributos que gestionan. A más rebajas fiscales, mayor suele ser la diferencia entre lo que se debería recaudar —cálculo que es cuestionado por los expertos— y lo que de verdad se recauda. Y ahí surge el problema. Cuando el 75% de lo que ingresa se queda por debajo de la dotación que debe aportar a ese Fondo de Garantía (la recaudación teórica o normativa), la comunidad liquida la diferencia al Estado.
En el año 2022, este mecanismo de nivelación obligó a Andalucía a transferir 853,8 millones de euros al Estado, en concreto, al Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero, actual líder del PSOE andaluz, el encargado de gestionar el sistema de financiación autonómica.
Un sistema de cálculo obsoleto
Diego Martínez López, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), defiende que exista una penalización. «Una comunidad que ejerce su autonomía tributaria a la baja tiene que apechugar con eso. Tiene sentido que los recursos que le garantiza el sistema estén supeditados a su esfuerzo fiscal. No sería justo que recibiese fondos a través de otros mecanismos de financiación», argumenta.
La penalización es doble. «No solo tiene una pérdida de la recaudación directa al bajar impuestos, sino que también se arriesga a aportar el 75% de la diferencia entre esos ingresos ficticios o virtuales que marca el sistema y la recaudación real como si hubiera ingresado ese dinero», explica. Lo que no comparte Martínez López —y como él otros especialistas en financiación autonómica— es cómo se calcula la recaudación normativa de los tributos.
Hacienda utiliza indicadores que se han quedado obsoletos, como demuestran las enormes discrepancias entre las estimaciones oficiales y la realidad. «La recaudación teórica no está bien calculada y hay que cambiarla para corregir los errores. Es un motivo más para reformar el sistema de financiación autonómica», urge este profesor.
«Andalucía no solo pierde recaudación directa al bajar impuestos, también aporta el 75% de lo que debe recibir aunque no ingrese ese dinero», aclara el economista Diego Martínez
El actual modelo de reparto incentiva la subida de impuestos. Comunidades como Cataluña que ingresan más de la recaudación fijada por la norma, se quedan con la diferencia para financiar sus servicios.
Con la salvedad de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que reportaron a la Junta de Andalucía 2.202,5 millones de euros en 2022 frente a los 1.877,9 millones que la normativa le exigía, lo habitual es que a Andalucía le toque pagar una penalización por bajar impuestos.
Desfase en los tributos sobre el juego
Donde más patente quedó el desfase entre la recaudación teórica y la real fue en los tributos sobre el juego, bonificados por el Gobierno andaluz para apoyar a este sector golpeado por la pandemia: ingresó tan solo 115,3 millones de euros. Son 716,1 millones menos de la cifra fijada por el modelo de financiación (831,4 millones de euros).
Las sucesivas bajadas del impuesto de sucesiones y donaciones, que grava las herencias, también han mermado los ingresos autonómicos de manera significativa. La Junta obtiene 229,5 millones de euros menos de lo que en teoría le corresponde (490,3 millones).
El Gobierno de Juanma Moreno también ha exprimido durante los últimos cinco años su capacidad normativa para bajar la tarifa autonómica y ampliar las deducciones en el impuesto sobre la renta (IRPF). Ha aumentado el número de contribuyentes. Aun así, el dinero que ingresó en 2022 se ha quedado por debajo de la recaudación teórica en 192,8 millones de euros.