El BOE publica la ley que beneficia a los presos de ETA
Aunque el PP utilizó su mayoría en el Senado para rechazar la reforma legal, el pasado martes, PSOE y Sumar dieron por definitivamente aprobada la ley
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El PSOE lleva al Tribunal Constitucional el veto del Senado a la ley que beneficia a presos de ETA
La alarma saltó cuando la reforma estaba ya lista para su aprobación definitiva en el Senado. Fue entonces cuando PP y Vox se dieron cuenta de que habían avalado sin ser conscientes de ello un texto que incluía un punto que permitiría la reducción de condenas de cuatro decenas de etarras.
La oposición puso entonces todos los mecanismos en marcha para intentar frenar su aprobación definitiva. Primero se retrasó su debate en Pleno para ganar tiempo y después, en un movimiento sin precedentes, el presidente del Senado, Pedro Rollán, dio por vetada la ley por no tener el apoyo de la Cámara.
Ambas decisiones son las que ahora recurre en amparo el PSOE. En primer lugar, el Grupo Socialista considera que, al aplazarse la votación, se vulneró el derecho de participación política de los senadores que habían solicitado el voto telemático.
A ello se suma la decisión «unilateral y arbitraria» del presidente de la Cámara de dar por aprobado el veto acogiéndose a un informe de la letrada mayor «que no se dio a conocer ni a la Mesa ni a la Junta de Portavoces», ha denunciado el portavoz socialista, Juan Espadas.
Para el PSOE, esto deja sin sentido el conflicto institucional que el PP ha anunciado que presentará al no aceptar el Congreso su veto. «Ha habido vulneración del derecho de participación política, del Reglamento del Senado y del artículo 90 de la Constitución», ha repasado.
Este mismo martes la Mesa del Congreso ha aprobado una respuesta al escrito del presidente del Senado en el que pedía que reconsiderase su decisión de no devolver al Pleno la ley que beneficia a presos de ETA y enviarla al Gobierno para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), algo que sucedió el sábado, por lo que entrará en vigor el 8 de noviembre.
El órgano rector de la Cámara Baja, esta vez apoyado en un informe por escrito de su letrado mayor, Fernando Galindo, ha defendido su criterio y ha contestado que la Cámara Alta en ningún caso aprobó un veto que obligase a que la norma fuese nuevamente discutida en el Congreso.