La tensión y la incertidumbre se adueñan del clima político mexicano por la aprobación de la reforma judicial
El Senado méxicano ha aprobado en la madrugada de este miércoles la reforma del sistema judicial propuesta por el saliente presidente Andrés Manuel López Obrador después de semanas de tensión que coronaron con la toma de las instalaciones de la Cámara Alta por parte de manifestantes y sumiendo al país en un estado de incertidumbre debido a que con esta reestructuración, los jueces serán elegidos por voto popular, entre otros cambios.
El debate entre senadores duró más de 12 horas, en las que hubo incluso un necesario cambio de sede para la votación de la enmienda, que modifica la Constitución mexicana, ya que durante la tarde del martes cientos de manifestantes -entre ellos trabajadores del Poder Judicial- irrumpieron de forma inédita en el edificio principal del Senado, ubicado en el céntrico paseo de la Reforma para paralizar la votación.
Sin embargo, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, dictó un receso y los 128 legisladores abandonaron la sala para moverse a una sede alternativa, en el centro histórico de la capital mexicana.
Allí continuó el debate y, a pesar de las múltiples interrupciones y quejas por parte de los senadores de la oposición, la reforma fue aprobada en lo general y en lo particular con 86 votos a favor y 41 en contra, además de cero abstenciones, obteniendo mayoría cualificada.
Estos votos a favor los sumó el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) junto con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Mientras que los 41 en contra fueron de los partidos de la oposición: el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).
El bloque oficialista estuvo en los últimos días tratando de lograr algún voto de los necesarios por parte de la oposición para alcanzar la mayoría calificada y lo logró con el senador panista Miguel Ángel Yunes, quien se había ausentado durante la mañana, pero apareció horas después para dar su voto positivo a la reforma.
Además, Daniel Barreda, de MC, benefició a Morena no asistiendo a la votación y diciendo que estaba acompañando a su padre quien, detalló, fue detenido en el estado de Campeche.
Con esto culminan semanas de fuertes presiones por parte de Morena e incluso amenazas y coacciones, según aseguraron miembros de otros partidos políticos, aunque negados por el oficialismo.
Después de su aprobación en la Cámara Alta, la enmienda debe ser aprobada en al menos 17 de los 32 estados de México para que después sea promulgada por el presidente López Obrador, quien en menos de un mes dará el testigo de la presidencia a Claudia Sheinbaum, presidenta electa y primera mujer en gobernar el país latinoamericano.
Esta reforma forma parte de un paquete de 20 reformas conocidas como Plan C y han empañado la transición del poder a Sheinbaum, quien ha apoyado públicamente la reforma, utilizando en la plaza pública este paquete para ganarse los vítores de los votantes, que ahora tendrán que vivir bajo su mandato las consecuencias de este polémico e inédito momento político.
Esta reforma del Poder Judicial llega tras un sexenio en el que ni López Obrador, ni las fiscalías, ni las fuerzas de seguridad han logrado controlar los altos niveles de inseguridad en el país.
Tampoco han conseguido hacerse con el favor de víctimas y familiares de víctimas de vulneraciones a los derechos humanos ni han resuelto el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero en 2014, entre muchos otros.
Descontrol y ralentización
Organizaciones de derechos humanos y analistas políticos han asegurado que, aunque sí es imprescindible una reforma que mejore el sistema de impartición de justicia, la que ha sido aprobada puede abonar al descontrol y la manipulación de dicho sistema.
Esto porque abriría la puerta para que se diesen presiones y coacciones tanto por parte de agentes políticos como de grupos ilegales, como el crimen organizado y el narcotráfico, en las grandes elecciones de los más de 1.600 cargos judiciales propuestas para 2025 y 2027.
Además, la ya de por sí lenta justicia mexicana podría ver en estos períodos de selección de magistrados la ralentización propia de estos periodos de elección.
La reforma propone también reducir de 11 a nueve el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y permanecerán en el cargo más o menos años dependiendo del volumen de apoyo en las urnas.
Mientras, los jueces y magistrados tendrán que tener un título en Derecho, una media de más de ocho, así como cinco años de experiencia jurídica, y cartas de recomendación.
También estipula que ningún magistrado podrá tener un salario mayor que el del presidente.
Por todo lo anterior, el clima de incertidumbre y crispación se ha apoderado del panorama político y ha empañado la llegada de Claudia Sheinbaum, que el martes estaba protagonizando junto a López Obrador un acto en el Colegio Militar de Ciudad de México.
Sheinbaum tomará posesión de su cargo el 1 de octubre en medio de la reafirmación del enorme personalismo que implica la denominada Cuarta Transformación, el proyecto de nación todavía liderado por Andrés Manuel López Obrador, y ante la duda de si podrá seguir su legado sin él en la Presidencia.