La UE alcanza un acuerdo comercial con Ucrania de alcance limitado para no enfadar a los agricultores

Los Veintisiete tenían prisa por alcanzar este compromiso, pues el pasado cuatro de junio caducó la plena liberalización comercial que se otorgó a Kiev en 2022 para asegurarle esa entrada de divisas que necesitaba para hacer frente al esfuerzo bélico y, sin el pacto anunciado hoy, pronto habrían vuelto las restricciones arancelarias que existían antes del conflicto.

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Esta opción no gustaba a buena parte de los gobiernos comunitarios, pues, tras el cierre de los puertos del mar Negro en 2022, la liberalización de la importación de productos agrícolas desde Ucrania -el reglamento ATM- se había convertido en un salvavidas para Kiev. El precio a pagar, sin embargo, fueron las protestas de los agricultores en todo el continente.

Sirva de ejemplo el caso de España, que pasó de recibir menos de cinco millones de toneladas anuales de grano ucraniano antes de 2022 a 10,2 millones de toneladas el año pasado. Hace apenas un mes, las tres organizaciones agrarias principales -Asaja, COAG y UPA- se manifestaron frente al Ministerio de Agricultura para denunciar que el precio medio de esta campaña -poco más de 200 euros la tonelada- asegura una ganancia de apenas 20 euros por hectárea, y el caso es que los agricultores le dan la culpa a la competencia de Ucrania, que consideran desleal por la diferencia regulatoria.

Sea como fuera, no son los agricultores españoles los que más preocupan a las autoridades comunitarias, menos aún teniendo en cuenta la posición adoptada por el Ministerio de Agricultura. El foco está en los países del este y en sus respectivos gobiernos, que se han visto mucho más afectados por la liberalización comercial. De hecho, los agricultores polacos, húngaros, rumanos y eslovacos llegaron al extremo de bloquear las fronteras con Ucrania durante las protestas del año pasado.

El caso es que, tras la finalización del acuerdo ATM, que al fin y al cabo era una medida provisional, la UE asegura haber alcanzado un compromiso que establece las condiciones de una relación comercial a largo plazo. Exactamente, las dos partes han acordado revisar el DCFTA, un pacto comercial suscrito en el marco del Acuerdo de Asociación de 2014.

Todavía no se conocen los detalles del compromiso que han alcanzado las dos partes, pero sí que la liberalización se sitúa en algún punto entre el acuerdo original y la liberalización excepcional que permitía el reglamento ATM.

Según ha avanzado el comisario de Agricultura, Christophe Hansen, se prevé elevar sensiblemente las cuotas para los productos más sensibles, como el azúcar, las aves de corral y los huevos, el trigo, el maíz o la miel. Para otros productos menos sensibles, como la mantequilla, la leche desnatada en polvo, la malta y el gluten, la avena y la cebada, se han acordado mejoras en el acceso que nunca superarán el nivel comercial más alto que hayan alcanzado en los últimos años, según ha explicado el comisario. También se ha previsto la liberalización total para algunos productos, por ejemplo la leche entera en polvo, la leche fermentada, las setas o el zumo de uva.

Lo realmente nuevo del anuncio de hoy, sin embargo, es que incluye la obligación por parte de Ucrania de adaptarse paulatinamente a las normas de producción que existen en la UE, con 2028 como la fecha en que debería cumplirse ese objetivo. No hay que olvidar, claro está, que al fin y al cabo el nuevo DCFTA es solo una parte de un Acuerdo de Asociación que persigue como último objetivo la integración de Ucrania en el mercado común, y así lo ha explicado hoy la Comisión.

Además, Bruselas ha asegurado que el pacto incluye una cláusula de salvaguardia que dará a las partes la posibilidad de adoptar «medidas adecuadas en situaciones en las que las importaciones puedan causar efectos adversos a cualquiera de las partes».

Está por ver cuál es la reacción de los agricultores europeos -sobre todo, los polacos-, aunque para ello probablemente habrá que esperar a que la Comisión de los detalles de los contingentes que se han pactado. Sea como fuere, Hansen se ha comprometido a que el acuerdo entre en vigor «lo antes posible».