La UE busca un acuerdo para seguir importando cereal de Ucrania sin arancel pese al enfado de los agricultores

El objetivo es asegurar a Kiev esa entrada de divisas que resulta fundamental para alimentar su economía de guerra, y eso pasa por el cereal; no en vano, Ucrania es conocida como 'el granero de Europa'.

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Esta historia empezó en febrero de 2022, tras la invasión rusa y el posterior cierre de los puertos del mar Negro, que eran la principal vía de salida del grano ucraniano. Entonces, la UE lanzó un salvavidas a Kiev con la aprobación de un reglamento que liberalizó el comercio bilateral de forma temporal (ATM, por sus siglas en inglés).

Esto afectó de manera particular a España, que es el primer importador europeo de cereal ucraniano, pues la producción nacional (20 millones de toneladas anuales), no alcanza a satisfacer el consumo interno, que en la campaña 2024/2025 fue de 35 millones de toneladas. Pues bien, si antes de 2021 las importaciones de grano ucraniano a España nunca rebasaban las cinco millones de toneladas, el año pasado fueron de 10,2 millones de toneladas (datos del Ministerio de Agricultura).

Según explica a ABC Donaciano Dujo, portavoz de la organización agraria Asaja, el problema con esta liberalización arancelaria es que presiona aún más a la baja unos precios que ya están muy ajustados, entre otras cosas por el encarecimiento de los insumos que siguió a la imposición de sanciones contra Rusia, que produce en torno al 20% del fertilizante que necesitan los agricultores españoles.

En apenas unos años, explica Donancio, sembrar una hectárea de cereal ha pasado de costar en torno a los 500 euros a los 800 actuales. Ni siquiera con las lluvias de este año, que prevén un rendimiento medio de 4.000 kg por hectárea, se aseguran ganancias, pues el precio medio -entre 200 y 250 euros la tonelada (según el Ministerio)- arroja un beneficio que, en el caso de Castilla y León, explica Donancio, será de apenas 20 euros por hectárea.

En la concentración de esta mañana, Asaja, COAG y UPA han pedido la aplicación de ayudas directas por el sobrecoste de los fertilizantes, además de la suspensión del arancel contra Rusia y Bielorusia y un mayor control sobre la entrada de cereal de terceros países. Las reivindicaciones enlazan con las de los agricultores polacos, húngaros, rumanos y eslovacos que, mucho más belicosos, incluso llegaron a bloquear las fronteras con Ucrania durante las protestas del año pasado.

Para aplacar al campo, y tras el sensacional aumento de las importaciones ucranianas en 2022 y 2023, cuando en junio del año pasado la UE prorrogó la liberalización del comercio (el reglamento ATM) le añadió cláusulas de salvaguarda y un 'freno de emergencia' para determinados productos. Sin embargo, desde Asaja aseguran que los umbrales son demasiado elevados y, además, no cubren las importaciones más dañinas para España (trigo y cebada).

Poco importa, pues, como ya se ha avanzado, el ATM caduca hoy y no puede ser renovado una segunda vez, por lo que la Comisión se verá obligada a llegar a un nuevo compromiso con Ucrania en el marco del Acuerdo de Asociación que suscribieron ambas partes en 2014, que, no hay que olvidarlo, fue una razones de la ruptura entre europeístas y rusófilos dentro de ese país.

Por el momento, los Estados miembro ya han dado su beneplácito al establecimiento de unas medidas transitorias que estarán vigentes hasta final de año y que permitirán la entrada de contingentes en una proporción de 7/12 respecto a los volúmenes actuales, pero más allá de esto la relación comercial vuelve a la situación previa a 2022. La Comisión se ha propuesto resolver el entuerto, pero deberá llegar a un compromiso con los países del Este, que son los más afectados, y sobre todo con el gobierno polaco, que ha sido el más claro en advertir de que protegerá a sus agricultores.