En el recurso, los populares impugnan la falta de actuación efectiva y exigen al departamento que dirige José Luis Escrivá que se «lleven a cabo las actuaciones oportunas para dirimir la responsabilidad del presidente», pues entienden que la OCI no realizó investigación alguna al respecto antes de desestimar la denuncia. Unas actuaciones que estaba obligada a desarrollar según lo establecido en la ley que regula el ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Según el artículo 19.5 de la Ley 3/2015, «la Oficina de Conflictos de Intereses podrá solicitar la información, los ficheros, archivos o registros de carácter público y, en especial, los de las Administraciones tributarias y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones».
El objetivo del Partido Popular con este recurso, que llevaban días estudiando, es doble. Por un lado, quieren contar con toda la información disponible para, en su caso, poder denunciar ante la Fiscalía si entienden que hay algún tipo de responsabilidad penal o, si no es así, continuar con el proceso iniciado en el Senado, en cuya comisión de investigación por el caso Koldo y las ramificaciones de la operación Delorme no se descarta llamar en el futuro al presidente del Gobierno y a su mujer por este asunto. Además, antes de iniciar cualquier proceso judicial, se necesita agotar la vía administrativa, extremo que concluiría con este recurso de alzada.
Génova entendía que el presidente debería haberse abstenido en el rescate a Air Europa por las reuniones de su mujer con el consejero delegado de la aerolínea en la misma época
Fuentes de la formación liderada por Feijóo reconocen que «si de la información recabada se incurriera en responsabilidad penal, se daría traslado a la Fiscalía dada la vinculación de alguna de las empresas con investigaciones judiciales en curso relacionadas con la trama de corrupción socialista». Se referirían a los vínculos de Air Europa con el comisionista principal de la operación Delorme, Víctor de Aldama, que estaba asalariado por esa compañía y que acudió a Barajas en la visita de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez para, supuestamente, cobrar una deuda del gobierno de ese país con la aerolínea.
Sería la Fiscalía, como en su día informó ABC, la encargada de elevar en su caso, la denuncia ante el Tribunal Supremo, donde podría recaería en la Sala Segunda si se aprecian responsabilidades penales y en todo caso en la Tercera, encargada de revisar los acuerdos adoptados en el Consejo de Ministros. Si el Gobierno persiste en no ofrecer la información requerida –en este caso a través de las actuaciones que debería llevar a cabo la OCI–, el PP no descarta abrir la vía del contencioso-administrativo.