Puigdemont lanzará hoy un "ultimátum" a Sánchez en déficit, amnistía, catalán e inmigración
Carles Puigdemont considera que ha llegado el momento de cobrar las facturas pendientes al PSOE. El líder de Junts realizará hoy balance del cumplimiento del pacto suscrito con los socialistas en Bruselas hace algo más de un año a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez y lanzará un «ultimátum» al presidente del Gobierno para que satisfaga sus exigencias si quiere obtener el crucial apoyo de su partido a los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, a la continuidad de la legislatura.
Según fuentes de Junts, cuatro serán las materias en las que el jefe de filas de los neoconvergentes reclamará movimientos «inmediatos» por parte del PSOE: el «déficit» inversor y fiscal hacia Cataluña, el cumplimiento de la Ley de Amnistía, la oficialidad del catalán en la Unión Europea y el traspaso «integral» de las competencias de inmigración, que los socialistas prometieron a Junts por su respaldo al decreto anticrisis.
Tal y como avanzó este diario, la cuestión del déficit es central para Puigdemont. Junts reclama al Gobierno que reconozca que ha dejado de invertir 1.300 millones en Cataluña sólo en el último año y que la cifra ronda el millar en los tres años previos para empezar a negociar las cuentas, que deberán subsanar esa desinversión acumulada para contar con el visto bueno de Junts. Previamente, el Gobierno deberá acceder a que las comunidades dispongan de un tercio del margen de déficit para que los Presupuestos sean tramitados.
El acuerdo de investidura de Sánchez va mucho más allá, pues contempla la modificación de la LOFCA para reconocer la «singularidad» fiscal de Cataluña y propiciar la cesión del 100% de los impuestos a la región. Puigdemont considera probado que la «financiación singular», acordada entre el PSC y ERC a cambio de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, nunca conducirá al concierto económico después de que el PSOE hiciera un virtuoso ejercicio de equilibrismo en su congreso federal de la pasada semana y prometiese un nuevo modelo de financiación que será, al mismo tiempo, «multilateral» y «bilateral».
El secretario general de la formación heredera de Convergència, Jordi Turull, constató el «trilerismo» de los socialistas para justificar su oposición a toda reforma legal encaminada a desarrollar el acuerdo suscrito entre ERC y el PSC, y ahora Puigdemont se propone arrastrar a Sánchez a acabar pactando con Junts el verdadero concierto. Fijar algún compromiso en ese sentido sería necesario para mantener con vida la negociación clandestina que socialistas e independentistas realizan en Suiza y, por ende, para prolongar la colaboración de Junts con el Gobierno.
El prófugo sabe que corre el peligro de pecar de lo que lleva años reprochando a ERC: de sostener gratis al Ejecutivo socialista. De ahí este ultimátum, que también afectará al tuétano del credo nacionalista catalán: la lengua. La oficialidad del idioma autonómico en la Unión Europea fue vendida por Junts como el primer logro de la legislatura, pero sigue sin concretarse, a pesar de las esforzadas maniobras del ministro de Asuntos Exteriores. En cuanto Junts anunció la próxima comparecencia de Puigdemont, José Manuel Albares comunicó una reunión con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, «para abordar el momento de la votación sobre el uso de las lenguas cooficiales». Puigdemont reclamará resultados, no sólo intenciones.
El líder de Junts sabe que el Gobierno tiene menor margen para conseguir que pueda beneficiarse de la Ley de Amnistía, después de haber aprobado ya una norma a su dictado. Pero Puigdemont espera de Sánchez un pronunciamiento público y expreso contra el Tribunal Supremo, una «denuncia contra el golpe de Estado judicial», como también avanzó EL MUNDO. Turull llegó a sugerir que el fiscal general se querellara contra los magistrados que no aplican la amnistía como Puigdemont desea, pero la delicada situación que atraviesa Álvaro García Ortiz tras su imputación juega en contra de esta exigencia de máximos que difícilmente Puigdemont llegará a verbalizar. Sí que baraja afear a los socialistas que Illa se haya negado a amnistiarlo políticamente con una reunión oficial, a pesar de su reciente visita a Bruselas.
Inmigración
El traspaso «integral» de las competencias de inmigración es un tanto que Junts quiere anotarse antes de que acabe el año, por ello será enumerado por su presidente como condición de urgente cumplimiento. En las últimas horas se han multiplicado los contactos entre el Ejecutivo y los separatistas para tratar de cerrar la transferencia, pero Turull avisó el sábado al Gobierno de que todavía faltan «flecos importantes» por resolver para que el pacto pueda darse por sellado. El último barómetro del CIS catalán, publicado hace dos semanas, reflejó un exponencial crecimiento de Aliança Catalana, la formación secesionista de sesgo xenófobo ganaría cinco diputados en el Parlament, los mismos que podría perder Junts, y su líder quiere taponar esa fuga de votos con el pacto migratorio.
Puigdemont también prevé recriminar a Sánchez estar aplicando una suerte de «155 legitimado» en Cataluña, con decisiones como la ley de vivienda estatal o la inclusión de la Guardia Civil en el 112 catalán. Con todo, las fuentes de Junts consultadas coinciden en que su líder «no ahogará» al presidente del Gobierno, sabedor de que seguir condicionando la gobernabilidad estatal es su único campo de batalla y escaparate, perdida toda opción de gobernar las principales instituciones de Cataluña en el corto plazo: el PSC se mantiene con hasta 12 puntos de ventaja respecto a Junts.