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El Defensor del Pueblo insta al Gobierno a ponerle solución al limbo legal de los menores solicitantes de asilo
Ha sido durante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo en el Congreso de los Diputados donde Gabilondo ha comparecido a petición de Vox para dar cuenta de «actuaciones realizadas en relación con la inseguridad de la que son víctimas muchos españoles por causa de la inmigración ilegal masiva». Una afirmación, la de los de Santiago Abascal, que el compareciente ha negado categóricamente asegurando que «no existen datos que justifiquen una relación causal entre el ascenso de la criminalidad y el de la inmigración ilegal», y que este tipo de teorías son «ideas zombies» basadas en «estereotipos que alimentan el miedo a la población».
Desechada la premisa de Vox, el defensor del Pueblo ha continuado recordando el informe anual que ya presentó ante las Cortes hace dos semanas en el que recoge una serie de denuncias sobre la situación de las personas inmigrantes en situación irregular. Desde la falta de celeridad en la tramitación de permisos hasta la situación de los menores solicitantes de asilo de Canarias. Gabilondo a ahondado en un problema sobre el que se pronunció el Tribunal Supremo que acordó hace diez días hábiles que el Gobierno se hiciera cargo de todos aquellos menas, al menos mil, que se encuentran en un limbo legal por ser menores de edad bajo tutela del Ejecutivo insular toda vez que han expresado su voluntad de adquirir protección internacional.
El plazo para que el Gobierno traslade al Supremo las actuaciones que se pondrán en marcha para cumplir esa medida cautelar que obliga al Estado a asumir la tutela de esos mil menores acaba este martes a las doce de de la noche. No ha trascendido cuáles van a ser dichas medidas, pues ninguno de los ministerios implicados (Política Territorial, Migraciones y Juventud e Infancia) ha adelantado nada en este sentido, solo que será un proceso largo y consensuado con Canarias.
Gabilondo sí ha aprovechado para recordar las soluciones que recoge el informe anual del Defensor del Pueblo sobre esta situación que ya denunció el año pasado cuando recogió los testimonios de esos menores y constató que eran susceptibles de solicitar asilo, ya que muchos huían de países en guerra.
Estas posibles soluciones pasan por habilitar más espacios en las islas que traten con este perfil concreto de menores sin referentes familiares que deberían estar a cargo del Estado, algo que no existe a día de hoy, ya que la tutela de infancia es competencia de las comunidades autónomas. En estos centros además, tal y como recoge el informe, se acreditarían los solicitudes con mayor celeridad para que tengan sus derechos reconocidos lo antes posible.
Si bien esto parece una opción plausible, en el Gobierno se resisten a darle carta de naturaleza y avanzan con cautela sobre esta cuestión, pues Canarias, que lleva algo mas de un año en situación de emergencia migratoria, ha habilitado ya 86 centros de urgencia para asistir a infancia inmigrante. Fuentes del Ejecutivo sí insisten en la importancia de convalidar el decreto ley para el reparto excepcional de 4.400 menas desde Canarias al resto de España dentro de los que incluyen a esos solicitantes de asilo.
«¿A qué esperan?»
Durante su intervención, el defensor del pueblo ha recordado a los allí presentes que la institución que preside no ejerce poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, y que por tanto «no puede valorar» las actuaciones de ninguno de los tres poderes, sobretodo del Gobierno, si no tratar de velar «por lo intereses del ciudadano» cuando necesita asistencia para lidiar con al Administración General del Estado. Lo que sí ha entrado a valorar Gabilondo es la iniciativa legislativa popular (ILP) avalada por Cáritas y la Conferencia Episcopal, actualmente paralizada en el Congreso, para la regularización de medio millón de inmigrantes en situación irregular.
«¿A qué esperan?», ha espetado Gabilondo a todos los grupos políticos allí presentes. El defensor del Pueblo ha querido recalcar que su labor va más allá de proteger los intereses de los españoles «también protegemos a estas personas» cuyo estatus les avoca a caer en la garras de las mafias de trata de personas, la prostitución o la delincuencia.