El Gobierno no esclarece cómo acogerá a los mil menores de Canarias que le exige el Supremo
La ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado esta mañana en relación a la medida cautelar «los ministerios competentes lo están analizándolo jurídicamente de cara a su cumplimiento». Preguntada directamente por las soluciones que tantea el Gobierno para derivar a ese millar de menores no acompañados al sistema de protección internacional, la titular de Migraciones emplaza la acogida de esos niños al futuro reparto aprobado en el Consejo de Ministros pactado hace dos semanas con Junts y ha acusado a las comunidades gobernadas por el Partido Popular de una «vejación de funciones» que ha provocado esta situación.
El pasado miércoles el Tribunal Supremo falló en favor del Gobierno de Canarias y acordó como medida cautelar requerir a la Administración del Estado que se haga cargo de aquellos menores no acompañados que, según el Alto Tribunal, deberían estar a cargo del sistema de protección internacional pero continúan en centros de acogida de las islas. «El sistema de protección de menores de la Comunidad Autónoma de Canarias está supliendo indebidamente al sistema de acogida de protección internacional del Estado», lee el auto.
Además la Sala de lo Contencioso-Administrativo acordó que en ese mismo plazo «improrrogable de 10 días» se le informe de las medidas que se adopten en virtud del requerimiento, y transcurrido dicho plazo la Sala decidirá sobre la celebración de una vista pública en relación con el cumplimiento de la medida cautelar adoptada.
Aunque la ministra de Migraciones insistió en que los servicios jurídicos están estudiando la medida cautelar aún no se conoce qué solución va a adoptar el Ejecutivo. Tal y como indica el auto, esos menores deberían ser derivados al sistema de protección internacional y, por lo tanto, a dichos recursos. Aquí es donde la ministra insiste en que este millar de niños «son menores antes que migrantes», incidiendo en que la condición de menor prima por encima de la de solicitante de asilo, por lo tanto deberían permanecer bajo la tutela de la Comunidad Autónoma a la espera de que se convalide el decreto ley aprobado hace dos semanas que propiciará el reparto por el resto de Comunidades Autónomas.
La propia ministra ha emplazado la acogida de este millar de menores a ese futuro reparto acordado con Junts incluyendo a estos menores solicitantes de asilo dentro de los 4.400 que serán repartidos por todo el territorio español, algo que no casa con el plazo dispuesto por el Alto Tribunal.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, celebró el auto al poco de hacerse público «Canarias tenía razón». «Tras año y medio de lucha, empezamos a recoger los frutos de las demandas justas y legítimas de Canarias», aseguró el presidente insular. Clavijo insistió en qué ahora el Ejecutivo debe ponerse en contacto con la consejería de Bienestar Social del Gobierno Canario para comenzar a derivar a los menores, algo que también señala el Supremo que pedía que ambas instituciones se coordinen sobre el terreno. A cinco días de que termine el plazo, fuentes de la consejería aseguran que aún no han tenido noticias del Gobierno.