La operación Palestina de Sánchez naufraga por falta de apoyos y entre divisiones internas
Desde que estalló el conflicto entre Israel y Palestina el pasado 7 de octubre, España ha hecho esfuerzos por liderar un discurso internacional que pide el alto al fuego inmediato, la liberación de los rehenes y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Además, el Ejecutivo nacional fue el primero en Europa que reivindicó de nuevo la solución de dos Estados. Un plan de paz que luego adquirió en su discurso la Unión Europea y la Liga Árabe. Pero pese a los esfuerzos internacionales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el relato español tiene más impacto que las medidas tomadas a lo largo de estos siete meses de conflicto.
La última medida anunciada por el jefe de la diplomacia española llegó el pasado jueves. Decretó que ningún barco que lleve armas a Israel podrá hacer escala en puertos españoles. Albares avanzó un rechazo "sistemático" de buques que viajen con ese propósito después de que Sumar y Podemos denunciaran la escala en Cartagena del Borkum, un barco que en realidad llevaba armamento para Ucrania y que finalmente rechazó atracar en España para evitar la polémica. Abogados expertos en Derecho Marítimo consultados por EL MUNDO explicaron que no se puede hacer un veto en general a barcos por un tema de destino. Sólo hay cuatro posibilidades para denegar el amarre en España: por seguridad del buque, de la carga, sanciones a nivel europeo o salud pública, como sucedió al principio del Covid.
Para apelar uno de los dos primeros motivos a barcos que lleven material a Israel, va a ser necesario una negativa barco a barco, bien justificada por la Autoridad Portuaria. "Tendrías que apelar a motivos de seguridad de la carga. Pero entonces barcos con armas que lleven otro destino tampoco podrían hacer escala aquí", analiza un abogado consultado por este diario. Otro, añade que es una medida que no afectará a tantos barcos. "Las escalas son la mayoría de las veces para repostar, pueden hacer bunkering en aguas internacionales o cambiar su ruta, es un anuncio con poco alcance en la práctica", opina.
Ese "poco alcance en la práctica" se puede aplicar a otras medidas impuestas por el Ejecutivo español contra Israel. El pasado marzo, se anunciaron sanciones a colonos violentos cisjordanos, unas medidas que suponen que esas personas no pueden viajar a España. En total, sólo 12 personas de los 441.600 colonos israelíes se ven afectados por esta prohibición de ingresar en territorio nacional.
También marzo, el Ministerio de Asuntos Exteriores publicó un comunicado donde aclaró que "desde el 7 de octubre de 2023 no se ha autorizado ninguna operación de venta de armamento a Israel". Según fuentes diplomáticas, estrictamente no se ha paralizado ninguna venta de armas, porque no había ningún contrato negociándose sobre la mesa. Es más, el Centre Delàs d'Estudis per la Pau reveló que el pasado noviembre España entregó armas a Israel por un valor de un millón de euros. Exteriores afirmó entonces que se trataba de un contrato firmado antes del inicio de la guerra y que no se podía paralizar.
En paralelo a las medidas de calado más material y con consecuencias prácticas, España lleva meses trabajando para conseguir una coalición internacional que reconozca el Estado Palestino. En la actualidad, sólo nueve países de la Unión Europea lo hacen. Sánchez se comprometió a reconocerlo durante el primer semestre de este 2024. La semana pasada, Josep Borrell confirmó durante una entrevista en RNE que Albares le había asegurado que este 21 de mayo se procedería al reconocimiento. Finalmente, Sánchez reconoció ayer en una entrevista en La Sexta que aplazan este gesto para intentar reunir más apoyos. Sólo Irlanda, Malta y Eslovenia compraron el plan y los plazos de España.
Tensión en la coalición
La política internacional, además, es uno de los principales focos de tensión en el seno del Gobierno y, en particular, la guerra en Israel. Sumar no sólo no ha conseguido que se reconociera el Estado de Palestina en el Consejo de Ministros del 7 de mayo, como había reclamado públicamente a Sánchez la líder de este espacio, Yolanda Díaz, sino que en la reunión de la comisión de seguimiento del pacto de coalición del jueves sólo logró el compromiso de que se hará "lo antes posible", pero sin fecha concreta.
La polémica por el carguero que tenía que haber hecho escala este viernes en Cartagena ha derivado, además, en una agria pugna pública entre los dos partidos del Ejecutivo bicolor. Tras haber presentado una denuncia en la Fiscalía solicitando su inspección, en el equipo de la vicepresidenta segunda afirmaron ayer que era una "buena noticia" que finalmente el Borkum no hubiera parado en el puerto murciano de Escombreras, mientras que en el ala socialista de La Moncloa insistieron en que se habían "equivocado de barco" y que "serán ellos los que tengan que explicar por qué celebran esa victoria".