PP y Vox pactan en Alicante una Zona de Bajas Emisiones sin multas, una oficina antiabortos y un servicio antiokupas
No habrá sanciones para los vehículos contaminantes que circulen por la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Alicante. Así lo contemplaba el nudo gordiano del acuerdo entre el Partido Popular (PP), que ostenta la Alcaldía, y Vox, al que necesitaban para sacar adelante los presupuestos municipales. Y el nudo se ha deshecho, finalmente, tras consensuar ambos partidos la redacción y aprobación de la ordenanza de la ZBE, actualmente prorrogada con permiso del Ministerio de Transición Ecológica. “No se impondrán sanciones, si no es necesario técnicamente”, señala el alcalde, Luis Barcala, en un comunicado. “No hacía falta sancionar a los alicantinos y condenar al pequeño comercio por el fundamentalismo climático”, añade la portavoz ultra en el consistorio, Carmen Robledillo. El pacto contempla también varias enmiendas de Vox, como la creación de oficinas “para atender a mujeres embarazadas con dificultades económicas, sociales o familiares”, es decir, antiabortista, o de “un servicio para la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas”.
Las elecciones municipales del año pasado allanaron el camino para el Gobierno en solitario del PP. Sus 14 concejales sumaban más asientos en el pleno que toda la izquierda junta, pero para alcanzar la mayoría absoluta, y por tanto, aprobar medidas como los presupuestos municipales, necesitaba de los cuatro ediles de Vox. El gobierno en minoría de la legislatura pasada había impedido aprobar las cuentas, que estaban prorrogadas desde 2022. Para desatascar la caja, Vox tenía varias propuestas. Pero la de la ZBE era ineludible. “Las multas y restricciones de la ZBE eran y son una línea roja”, insiste Robledillo. Barcala, finalmente, ha encontrado la salida del túnel: la ordenanza, por la que ha recibido unos 17 millones de ayudas europeas, complementadas con otros 8 millones de procedencia municipal, no contemplará “procedimiento sancionador, cumpliendo así lo que viene estipulado en la ley a este respecto, pero sin restringir los derechos fundamentales de los alicantinos y protegiendo la economía local, principalmente en las zonas afectadas”, avanza el primer edil en el mismo comunicado. “Teníamos razón”, sentencia Robledillo.
La obligación y el compromiso de Alicante en la lucha contra el cambio climático y contra la contaminación atmosférica, según aparece en la propia web del Ayuntamiento, se vertebra en dos ejes principales. El primero, un anillo interior que bordea el centro tradicional de la ciudad, limitado entre la avenida de Alfonso El Sabio, el eje Marvá-Soto-Gadea, el monte Benacantil y la franja litoral. El segundo es un anillo exterior que abarca prácticamente todo el trazado urbano entre la Gran Vía, la avenida de Dénia y el mar. En cumplimiento de la ley de Cambio Climático y Transición Energética, que incluye el establecimiento de ZBE en ciudades de más de 50.000 habitantes, Alicante ya ha acometido señalizaciones, peatonalizaciones y obras de calmado de tráfico y movilidad sostenible, principalmente en el centro. Sin embargo, la ausencia de régimen sancionador no impedirá la circulación de vehículos contaminantes en las áreas protegidas, que quedarán a merced de la responsabilidad y la conciencia de cada conductor a partir de junio, que es cuando tendría que entrar en vigor.
Para el edil de Compromís, Rafa Mas, el acuerdo alcanzado es “una vergüenza, una estafa a la ciudadanía” que puede costar la retirada de las ayudas por parte de Europa. Además, si el documento final incumple la legislación redactada por el gabinete de la ministra Teresa Ribera, el consistorio alicantino podría incurrir en “un posible delito de prevaricación”, a juicio de Mas. Con este estrechón de manos entre PP y Vox, más el resto de enmiendas aceptadas, Alicante queda como una ciudad “más contaminada, más injusta y más insolidaria”, en su opinión. Desde su partido sostienen que la ZBE sin multas será “ridícula, inoperativa e ineficaz”. La misma postura adopta la portavoz municipal socialista, Ana Barceló, quien sostiene que “Barcala cede ante las exigencias de la derecha” y que “la moneda de cambio ha sido plegarse al negacionismo del cambio climático, que no cumpliría con las exigencias de la Unión Europea”, algo que los socialistas adelantan que van a “combatir”.
20 de 26 enmiendas
Para aprobar unos presupuestos que ascienden a 359,26 millones de euros, con lo que crecen un 27,8% con respecto al de 2022, y que deben pasar primero por una comisión de Hacienda y por un pleno extraordinario, Barcala asume también 20 de las 26 enmiendas presentadas por Vox, que según el alcalde, “ayudan a mejorar nuestro proyecto de presupuestos para seguir avanzando con la mayor estabilidad posible en la transformación y mejora de Alicante”. Entre ellas, destaca una partida de un millón de euros para desarrollar de manera efectiva la carrera profesional de los funcionarios y la incorporación de la formación ultra en varias medidas en materia de seguridad y de turismo. Con este pacto, Alicante contará igualmente con una oficina antiabortista y un servicio antiokupas y emprenderá una política cultural destinada a las obsesiones de Vox. El acuerdo anuncia “la actualización del Museo de Belenes, el aumento de la dotación a la Escuela Taurina y el inicio de los trabajos para la creación del Museo de Semana Santa”.
Para Pilar Bernabé, delegada de Gobierno en la Comunidad Valenciana, el pacto entre PP y Vox es “otro de los ejemplos” en que la unión de ambos partidos genera “retrocesos que hace unos años eran impensables”y que “no tienen cabida en una sociedad moderna que ha alcanzado el consenso internacional de la agenda 2030″. El “negacionismo” lleva a que en las ciudades “se escuche que hay gobiernos que no se someten a accionrs contra el cambio climático”. Pero, a su juicio, “no lo van a conseguir, por más que se esfuercen, nadie puede ir contra el marco legislativo de la Unión Europea”.