El Ayuntamiento de Sevilla acuerda la revisión de la Zona de Bajas Emisiones en la Cartuja
El grupo municipal de Vox registró una propuesta al Pleno del Ayuntamiento de Sevilla de hoy en la que planteaba la supresión de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la Cartuja, medida que impide acceder al recinto a los vehículos más contaminantes. Este planteamiento del partido de Abascal pretendía frenar lo que su portavoz Cristina Peláez ha calificado esta mañana como «fanatismo climático», aunque sea la legislación del Gobierno de España la que obligue a ello. Finalmente, la moción se ha suavizado en sus términos, gracias a una enmienda del gobierno de José Luis Sanz, lo que ha permitido que salga adelante con el voto a favor de PP y Vox y la oposición de la izquierda. Eso sí, ha prosperado más como una declaración de intenciones que con un fin regresivo, de modo que el acuerdo de ambas formaciones lo que va a permitir es que el Ayuntamiento de Sevilla lleve a cabo una revisión de esta ZBE en los próximos meses.
Así lo ha asegurado el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, quien ha recordado que en los diez meses de implantación de la Zona de Bajas Emisiones han entrado en la Isla de la Cartuja alrededor de 195.000 vehículos de media al mes, con unas sanciones que han alcanzado en conjunto las 15.480 multas. «Tenemos que tener en cuenta que es una cifra muy elevada, que va vinculada al coche que tenga cada persona, y entendemos que eso lo podemos revisar», ha argumentado el edil popular. Entre otras cosas, porque «esta multa no es como la de saltarse un stop, que da igual el vehículo que se tenga, sino que está condicionada por ello». Un argumento similar al que ha esgrimido Peláez, que ha insistido en que esta limitación de acceso está afectando a «los vecinos con las rentas más bajas, que no tienen posibilidad de adquirir un coche nuevo». Al respecto, ha puesto como ejemplo que otras ciudades como Madrid, Santa Cruz de Tenerife o Segovia ya tienen resoluciones judiciales que respaldan la revocación de esta medida.
Sin embargo, desde el gobierno de José Luis Sanz han querido ser más cautos que en Vox en cuanto a la idea de acabar con la Zona de Bajas Emisiones, reconociendo eso sí que «si hubiéramos estado en el Gobierno de España seguramente lo habríamos hecho de otra forma», ha advertido Pimentel. Pero el delegado de Movilidad también ha reconocido que hay «una serie de circunstancias» que invitan a mantener estas restricciones, entre ellas «una Ley que nos obliga, fondos europeos que están vinculados, ayudas al transporte público de mucho dinero o el proyecto E-City que quieren los empresarios de la Cartuja». Por todo ello, ha insistido en que «las sanciones elevadas son las que nos están dando un indicador que algo pasa y por eso se va a revisar», aunque «ni se va a poner en juego ningún tipo de subvención, ni la bonificación al transporte público».
La propuesta ha encontrado el rechazo frontal de los dos partidos de la izquierda con representación en el Pleno del Ayuntamiento. Así, el concejal del PSOE Juan Carlos Cabrera, que anteriormente era el responsable de las políticas de movilidad del Consistorio, ha recordado que la Zona de Bajas Emisiones se implantó en la Cartuja porque «no había vecinos de renta baja que pudieran ser multados por no tener vehículos con este etiquetado», asegurando que «aflojamos un poco porque era una experiencia piloto para luego trasladarla a otras zonas de la ciudad». Frente a ello, ha mostrado su «preocupación» por el espíritu de esta revisión, reclamando a Pimentel que no «adultere» la medida y que «no convierta a la Cartuja en una zona en la que no haya ningún tipo de restricción para vehículos contaminantes sólo por un acuerdo presupuestario con Vox».
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