Según ha podido saber ABC el plan del PP contendrá una propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y también del Código Penal para que España pueda perseguir los delitos de tráfico de migrantes cometidos en aguas internacionales, siempre que las víctimas o las embarcaciones sean rescatadas por las autoridades españolas o lleguen a puertos nacionales. Además, el texto, al que ha accedido este periódico, prevé dotar de competencias y medios especializados a la Fiscalía y la Guardia Civil para que puedan recoger pruebas en alta mar, incluidas grabaciones, análisis forenses y testimonios protegidos de supervivientes.
En Génova están ultimando los flecos finales y limando las diferencias que tienen las comunidades autónomas donde gobiernan para que todas las autonomías estén en disposición de defender cada medida. Algunos de estos territorios están denunciando desde hace meses un auténtico colapso y acusan al Gobierno central de dejación de funciones.
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Este plan se ha convertido en la principal apuesta estratégica y supone un cambio de paradigma. El PP ha entendido que este es el gran tema del momento, como lo es también en Europa, y se muestra convencido de que la izquierda ha abandonado por completo el debate. En Génova manejan encuestas en las que el trasvase de electores del PSOE que ahora recalan en las siglas populares tienen la cuestión migratoria y de la seguridad (en todas las vertientes, también multirreincidencia y okupación) entre sus prioridades.
Aunque el partido lleva meses trabajando en su posición –ya la puso por escrito, en parte, en el nuevo ideario del congreso nacional de verano–todavía hay algunas cuestiones por aclarar. Sobre todo, falta concreción.
Una de las principales medidas apunta a controlar más eficazmente la edad de los extranjeros que llegan a España como menores no acompañados, después de que varias comunidades hayan desvelado fraudes de edad. En Baleares hace apenas dos días se confirmó que el 60% de los inmigrantes sometidos a pruebas dentales resultaron tener más de 18 años. ABC desveló la semana pasada que en Aragón otros 19 inmigrantes adultos llegaron camuflados como menores. Feijóo ya ha propuesto tipificar expresamente como delito ese fraude en el Código Penal pero, según ha sabido este periódico, es una propuesta que todavía hace falta armar. Sobre todo, en lo que tiene que ver con los equipos destinados a realizar las tareas de comprobación.
Que la Fiscalía y la Guardia Civil tengan competencias para actuar en aguas internacionales ya sería un primer freno. El problema apunta a cuando sea ya en territorio nacional cuando se tengan que hacer las comprobaciones. Y ahí, el principal temor es que si estas pruebas recaen en los hospitales públicos, por ejemplo, las colas de espera se agrandarían y el problema sería todavía mayor. De ahí que el PP se incline por dotar de recursos propios a los responsables –sería la Fiscalía– de determinar si las personas que llegan son menores de edad o no.
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El acceso a las prestaciones económicas –como el ingreso mínimo vital– es otro de los apartados más sensibles que el partido de Feijóo tiene que detallar. La idea base, afirman en Génova, es que estén vinculadas al trabajo. «Que los inmigrantes que lleguen a España lo hagan para trabajar es el punto de partida. Lo primero, el trabajo. Y después, el acceso a ayudas y prestaciones». Hay comunidades, como es el caso de la andaluza, que creen esencial afinar mucho esta propuesta.
El visado por puntos también debe concretarse. En el equipo de Feijóo aseguran que no tiene vuelta atrás y que tendrá en cuenta, como ya advirtió hace días, la «proximidad cultural», es decir, conocimiento del idioma y otros valores para una mayor integración. Con el visado por puntos el PP también quiere involucrar a los países de origen para que se corresponsabilicen de la inmigración irregular y, al mismo tiempo, tengan un incentivo «para colaborar», sabiendo que si sus ciudadanos cumplen los requisitos podrán seguir emigrando.
Es una medida que despierta muchos recelos, como publicó ABC, en países como Marruecos, que reprocha al PP haber endurecido mucho su postura migratoria en los últimos meses.