El Partido Popular se mantiene firme en su resistencia a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que este lunes cumple cinco años con el mandato caducado ante el bloqueo del PP, que se ha opuesto durante el último lustro a alcanzar un pacto con el PSOE sobre la composición del órgano de gobierno de los jueces. “Queremos despolitizar la justicia, pero conforme al programa con el que nos presentamos a las elecciones. Si no lo acepta, con nosotros no. Queremos que sean los jueces quienes elijan a los jueces. Si esto se acepta, podremos hablar”, ha dicho el portavoz del PP, Borja Sémper, en una rueda de prensa en la sede nacional del partido tras la reunión del remodelado comité ejecutivo. En privado, fuentes de la dirección confirman que no habrá pacto hasta que se cambie la ley. “Si no hay reforma, no hay renovación”, aclaran. Los populares fijan así sin ambages sus condiciones: accederán a la renovación con la norma ya reformada, y no conforme a la ley vigente, según aseguran en su ejecutiva.

La postura coincide con la defendida desde el 10 de mayo, cuando el PP dio un paso más y empezó a exigir que la reforma de la ley que regula el método de elección de los vocales se aprobase antes de acometer la renovación del CGPJ. “Nosotros queremos que la ley aparezca en el BOE”, precisaron entonces fuentes del entorno directo de Alberto Núñez Feijóo, después de que el líder del PP declarase ese día en un foro que estaba a favor “de una reforma inmediata de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, en base a esa reforma, inmediatamente renovar y actualizar el CGPJ”. Después, el 18 de ese mismo mes, el Congreso rechazó por mayoría la propuesta registrada a tal efecto por el Grupo Parlamentario Popular. Solo Ciudadanos apoyaba la iniciativa.

Hasta enero pasado, tanto el PP de Pablo Casado como el de Feijóo habían aducido un reguero de excusas cambiantes. El PP defiende desde el pasado enero que los 12 vocales jueces —de los 20 que componen el órgano; los 8 restantes son juristas de reconocido prestigio— sean elegidos directamente por los miembros de la carrera judicial, quitándole todo poder decisorio al Parlamento. Un planteamiento que la formación de Alberto Núñez Feijóo incorporó a su programa electoral del 23-J, en unas elecciones generales en las que el ahora jefe de la oposición se veía ya como presidente del Gobierno. Pero los resultados de los comicios cambiaron los planes del PP, que en lo que respecta al Poder Judicial se niega hoy incluso a “sentarse” con el PSOE a conversar hasta que la nueva e hipotética ley sea una realidad. Los populares han hecho estas declaraciones justo después de que Pedro Sánchez haya afirmado esta mañana, en una entrevista en la SER, que “llamará” a Feijóo para emplazarle a una negociación.

“Han pasado muchas cosas”, como “la amnistía”, arguyen en contraposición desde la cúpula popular. “No queremos que haya zorros en torno al gallinero. De Pedro Sánchez no nos fiamos un pelo”, ha añadido en ese sentido Sémper durante su comparecencia. En la entrevista radiofónica, el presidente del Gobierno ha acusado a los populares de ejercer “lawfare” (“en su acepción de politización de la justicia”, ha dicho) precisamente por el “secuestro” del consejo. “En un país en el que se está cuestionando la separación de poderes, el señor Sánchez es el que menos lecciones puede dar”, le ha respondido Sémper. Y ha añadido: “Si el presidente del Gobierno le ha hecho a Junts una ley de amnistía a la carta porque necesita sus siete votos, ¿es que el Partido Popular, que tiene 137 escaños, que es el ganador de las elecciones generales, no puede reclamar también que el Consejo General del Poder Judicial, y su composición y su elección responda a lo que nosotros creemos?”, ha abundado Sémper.

“Despolitizar la justicia”

El portavoz del PP ha defendido asimismo decisiones como la adoptada la semana pasada por el CGPJ contra el nombramiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al considerarle “no idóneo” tras ser renovado en el cargo por el Gobierno. Ese pronunciamiento del consejo contra un fiscal general (emitido con ocho votos de vocales conservadores frente a siete de vocales progresistas) no tiene precedentes. De esta forma, Sémper critica la ley vigente de elección de los jueces porque implica una “politización de la justicia” al mismo tiempo que ensalza una decisión emitida por unos vocales que fueron elegidos conforme a dicha norma, en 2013, en la primera legislatura de Mariano Rajoy de mayoría absoluta. Sémper apela a que es la UE la que mandata que España cambie sus sistemas de elección de los jueces. Pero desde Bruselas se ha instado en numerosas ocasiones a los partidos a que primero acuerden la renovación del CGPJ con la normativa vigente y después se impulse dicho cambio.

Hace un año, Feijóo estuvo a punto de sellar con el PSOE un acuerdo, pero entonces se rompió, según la posición de la formación en aquel momento, porque paralelamente se estaba negociando la reforma de los delitos de sedición y malversación. En el escenario actual, la ruptura es total, y aboca a que la justicia siga inmersa en su crisis más grave por el bloqueo del Poder Judicial, y pese a que la Constitución obliga a su renovación. “Queremos hacer un llamamiento al resto de fuerzas políticas, especialmente al socialista, y que vuelva el espíritu de la Constitución”, ha afirmado Sémper a dos días del 45º aniversario de la Ley Fundamental y a cuenta de los pactos de Sánchez con las fuerzas independentistas por la amnistía y el encuentro en Suiza entre el PSOE y Junts.