El Poder Judicial rechaza por primera vez avalar a un fiscal general del Estado nombrado por el Gobierno

Por primera vez en la actual etapa democrática, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el próximo lunes cumplirá cinco años con el mandato caducado, ha votado en contra de la propuesta de nombramiento de un fiscal general del Estado. El bloque conservador, salvo el presidente suplente, Vicente Guilarte y el vocal Juan Martínez Moya, se ha alineado para imponer su mayoría y negar el aval al fiscal general Álvaro García Ortiz, contra cuya renovación han votado ocho de los diez vocales propuestos por el Partido Popular. Guilarte, Martínez Moya y cinco de los seis progresistas han votado a favor, mientras que el vocal Enrique Lucas, también progresista, se ha abstenido porque su hermano, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas, firma la sentencia que consideró que García Ortiz incurrió en desviación de poder al ascender a su predecesora, Dolores Delgado. El informe del órgano de gobierno de los jueces no es vinculante y el Ejecutivo podrá seguir adelante con la renovación del fiscal general, pero la decisión del Consejo abre una brecha sin precedentes entre el Gobierno y el CGPJ justo a cuatro días de que se cumplan cinco años desde que expiró el mandato de los actuales vocales, que siguen en el cargo por la negativa del PP a llegar a un acuerdo con el PSOE para renovar el órgano.

El informe del Consejo sobre la propuesta de nombramiento del fiscal general es un trámite preceptivo en el que el CGPJ comprueba que el candidato cumple los requisitos formales para ocupar ese cargo: ser un jurista español de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión. García Ortiz cumple esas condiciones y así lo ha constatado el CGPJ, pero ocho vocales conservadores consideran que no es idóneo para ocupar este cargo. El grueso del bloque conservador que ha votado en contra del fiscal general ya se opuso a su nombramiento en julio de 2022, cuando el Gobierno le designó por primera vez como jefe de la Fiscalía General tras la dimisión de Dolores Delgado por motivos de salud. En aquella ocasión, estos vocales sostuvieron que García Ortiz no era idóneo porque su imagen de imparcialidad está comprometida por su cercanía a Delgado y por una supuesta vinculación con el PSOE. Esta vez han sumado un argumento más: la reciente sentencia del Supremo que anula el ascenso concedido por García Ortiz a Delgado por considerar que el fiscal general incurrió en “desviación de poder”. Y a los siete vocales conservadores que entonces suscribieron esa postura, se ha unido el magistrado del Supremo Wenceslao Olea, que hace año y medio votó a favor de avalar al fiscal general.

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