Así se penaliza en otros países las injurias y calumnias a la Corona o los símbolos nacionales

En Estados Unidos no son habituales las condenas por injuriar al presidente, otros mandatarios o instituciones debido a la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza de forma marcadamente agresiva el derecho a la libertad de expresión. Esto se debe al carácter republicano y antimonárquico de los padres fundadores de la nación.

Existen dos límites importantes a esta protección. La difamación a un cargo público se considera tal a nivel penal si se demuestra malicia real o desprecio temerario por la verdad, pero la jurisprudencia suele ser muy restrictiva y no son muchos los casos que prosperan. Por otro lado, las amenazas o incitaciones a la violencia no están protegidas por la Primera Enmienda y este delito puede acarrear serias consecuencias legales, pero debe demostrarse que unas palabras tengan el efecto inmediato y necesario de provocar violencia, algo difícil.

Es legal quemar una bandera, y de hecho se quemaron varias durante la protesta contra Netanyahu esta semana. Atacar los símbolos del Estado se considera una forma de libertad de expresión protegida por la Constitución.

En Francia, los delitos de ofensas e injurias contra el jefe del Estado comenzaron a tipificarse en 1881. Esa legislación ha sido matizada en repetidas ocasiones, según las estimaciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en la ciudad francesa de Estrasburgo. Ahora permite al presidente de la República defender su honor de este modo:

-La difamación al presidente, ministros o autoridades puede ser castigada con multas de hasta 45.000 euros.

-Las injurias, consideradas como un delito común, pueden castigarse con multas de hasta 12.000 euros.

-Las afrentas «a una persona depositaria de la autoridad pública», del jefe del Estado a un ministro o alto representante de la Ley, pueden castigarse con un año de cárcel y 15.000 euros.

Desde 2017, Macron ha intentado defenderse en varias ocasiones. En la crisis de los chalecos amarillos, tres manifestantes fueron perseguidos por un simulacro de «ejecución pública» y fueron absueltos. Durante el Covid, un ciudadano comparó a Macron con Hitler. Pagó 10.000 euros. En la crisis de las pensiones, un manifestante pisoteó un figurín del jefe del Estado y fue detenido varias horas, antes de ser liberado sin cargos.

En la Monarquía más reconocida del mundo, no existen leyes específicas contra insultos y calumnias a la Corona o ataques a símbolos del Estado. Sin embargo, varios marcos legales abordan indirectamente estas cuestiones.

La Ley de Difamación de 2013 incluye calumnias e injurias y requiere que los demandantes demuestren que la declaración difamatoria causó o es probable que cause «daño serio» a su reputación. Aunque esta ley puede aplicarse en casos donde se insulte a la Corona, no hay una protección especial para la Familia Real y es poco probable que esta actúe como demandante.

Aunque no hay leyes específicas que prohíban los insultos a la Corona o los ataques a símbolos del Estado, existen mecanismos para abordar estas acciones indirectamente a través de otras leyes.

Actos como quemar banderas no están específicamente prohibidos. Este caso es particular: el Reino Unido protege el derecho a dañar la bandera bajo las leyes de libertad de expresión, aunque a lo largo de los años ha habido varios intentos de prohibirlo.

El Código Penal alemán establece en su artículo 90 que «toda persona que denigre al presidente federal públicamente, en una reunión o difundiendo contenidos será castigada con una pena de prisión de tres meses a cinco años».

En casos menos graves, la legislación concede la posibilida de mitigar la sentencia, pero el texto legal explicita que «la pena será de prisión de seis meses a cinco años si el delito constituye difamación (artículo 187 del Código Penal) o si el infractor promueve intencionadamente atentados contra la existencia de la República Federal de Alemania o los principios constitucionales a través del delito». Como particularidad, los tribunales pueden perseguir este delito sólo si el presidente lo autoriza.

La quema de banderas, tanto la alemana como la de cualquiera de los Bundesländer, constituye un delito de denigración del Estado y sus símbolos. Desde 2020, la quema o el daño público a banderas extranjeras, así como de banderas que se parecen a alguna otra, también es punible, a raíz de una sentencia por la quema repetida de banderas israelíes en manifestaciones propalestinas.