PP y Junts confirman que tumbarán el reparto obligatorio de menores inmigrantes

Salvo giro de guion de última hora, el Congreso rechazará este martes la toma en consideración de la reforma de la ley de extranjería registrada la semana pasada por PSOE, Sumar y Coalición Canaria. Aunque el Gobierno, a través de los ministerios de Infancia y Juventud, y Política Territorial, mantiene reuniones ‘in extremis’ para lograr el apoyo de los grupos, PP y Junts han confirmado en el debate celebrado a primera hora que tumbarán la modificación de la norma, que busca hacer obligatorio para las comunidades el reparto de menores migrantes no acompañados. Tanto el Partido Popular como Coalición Canaria y Junts han pedido al Ejecutivo que “retire” la ley y evite que decaiga en la votación de esta tarde. Fuentes parlamentarias socialistas descartan esa opción.

La propuesta de reforma pretende aliviar la situación de Canarias —con sus recursos colapsados—, Ceuta y Melilla. El PP, que exigía para su apoyo la declaración de emergencia en todo el territorio y endurecer los controles en fronteras, ya confirmó anoche que votaría en contra. “Intentan convertir esa ley en un plebiscito sobre la humanidad de los demás. Esta modificación es un “yo reparto y tú te apañas” Estamos hartos de lecciones de humanidad”, ha incidido durante el debate la diputada popular Ana Alós, que ha afeado al Gobierno que carezca de política migratoria y le ha acusado de “no garantizar” los recursos suficientes a las comunidades autónomas para la acogida de menores. El PP cogobierna con Coalición Canaria en esa comunidad. “Retiren esta proposición de ley, pónganse de verdad a negociar si tienen voluntad”, ha solicitado la portavoz. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha asumido el duro discurso de Vox en materia migratoria, ya subrayó el lunes que los españoles “tenían derecho a salir tranquilos a la calle”.

En declaraciones posteriores a los periodistas, el portavoz parlamentario del partido, Miguel Tellado, ha vuelto a poner sobre la mesa las demandas de los populares y ha asegurado que ha transmitido al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en los últimos contactos mantenidos anoche y esta mañana, que estarían dispuestos a permitir la tramitación de la ley si el Ejecutivo se comprometiera por escrito a cumplir con una convocatoria inmediata de una Conferencia de Presidentes, la declaración de emergencia migratoria, una financiación suficiente y que el Estado asuma con sus recursos la atención de los menores migrantes bajo tutela de las comunidades cuando estas sobrepasen su capacidad de acogida. El ministro conversó por teléfono con Tellado a las nueve de la noche del lunes y este martes a primera hora se han intercambiado mensajes. Los populares sostienen que no ven posibilidad de acuerdo porque Torres no se ha comprometido con esas peticiones, según afirman fuentes de la dirección popular. Las comunidades del PP van a ir anunciando recursos en cascada al Tribunal Supremo para reclamar la convocatoria de la Conferencia de Presidentes.

El Gobierno tampoco cuenta con el sí de Junts en el Congreso. Su portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, ha vuelto a cargar en pleno contra el Ejecutivo por “abusar” de la solidaridad de Cataluña y elaborar una norma que, dice, “sobresatura” los recursos municipales y no ofrece a los menores “unas condiciones” mínimas. “Con esta ley no garantizan una vida digna y esto da alas a la derecha y la ultraderecha. Nosotros hablamos desde el sentido común”, ha defendido la diputada. “O damos tranquilidad y seguridad a los que llegan y se la damos a los que ya están, o esto no va a funcionar. Y la forma de hacerlo es trabajar y negociar con todo el mundo”, ha señalado antes de reprochar al Gobierno que las decisiones en materia migratoria se tomen “de espaldas a Cataluña, a 600 kilómetros”. “El señor [Salvador] Illa tendrá que explicar muy bien por qué su partido apoya una ley española que tensiona a Cataluña”, ha advertido Nogueras en plenas negociaciones para su investidura como president, volviendo a meter la política autonómica en el debate nacional. La diputada ha pedido también al final de su intervención la retirada del texto para “negociar” un acuerdo con Cataluña”.

La única diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, también ha solicitado que se aplace la votación de esta tarde. En un discurso emotivo, esbozando el drama de los menores migrantes en Canarias y la situación límite que vive el archipiélago, la parlamentaria ha aplicado el símil futbolístico para afear el comportamiento de los diputados: “Estamos todos amonestados por pasividad”. Si en las próximas horas no hay acuerdo, pediré que no se vote, que siga sobre la mesa y sigamos hablando. No voy a explicar en Canarias que el Congreso no es capaz de trabajar en materia migratoria, reformar la ley y adaptarse a la nueva situación”, ha lamentado.

El PSOE ha elegido para abrir el debate a Luc André Diouf, primer diputado de origen senegalés en la Cámara baja, que ha tendido la mano a los grupos y se ha abierto a introducir enmiendas al subrayar “que el debate no termina hoy”. Tanto la socialista María Guijarro como el diputado de Sumar, Nahuel González, han pedido al Congreso “estar a la altura”. El parlamentario de IU se ha dirigido muy crítico a Junts, al afearle unir sus votos a los del PP y Vox. “Más recursos, señorías de Junts, en eso estamos de acuerdo. No utilicen esa excusa para votar en contra. No sean igual que ellos y por miedo a la extrema derecha catalana se conviertan en ella”, ha implorado González.

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Tanto ERC, como EH Bildu , PNV y Podemos se han posicionado a favor de una reforma que Jon Iñarritu (EH Bildu) ha tildado de “sentido común”. Hace dos semanas, el PP aceptó en la Conferencia Sectorial de Infancia un reparto voluntario de 347 menores migrantes, que aunque resulta insuficiente para aliviar la situación en Canarias, provocó que Vox, también contrario este martes a la reforma y que ha proclamado desde la tribuna que la única solución al efecto llamada es “devolver a los migrantes a su país de origen”, rompiera sus cinco gobiernos autonómicos con los populares. El divorcio, no obstante, no ha suavizado la retórica del partido de Feijóo.