La fundación Hay Derecho denuncia la pérdida de "autonomía" de la Fiscalía por la "estrecha relación" entre García Ortiz y el Gobierno
La pérdida de autonomía de la Fiscalía respecto del Gobierno, la politización del Tribunal Constitucional o el abuso de gobernar con decretos leyes son algunos de los males que la Fundación Hay Derecho aprecia en el funcionamiento de nuestra democracia. En el segundo informe del Estado de Derecho, esta fundación independiente ha analizado un aluvión de datos referentes a los años 2022 y 2023, (aunque se incluyen referencias más actuales a hechos producidos durante el periodo de redacción del informe en el primer semestre de este año) para llegar a conclusión de que nos encontramos en una situación de "estrés institucional".
En primer lugar, el estudio pone el foco en la situación que atraviesa la Fiscalía española señalando que "el Ministerio Fiscal tiene la misión de defender la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público, garantizando la independencia de los tribunales y la imparcialidad en sus actuaciones". Sin embargo, "laestrecha relación entre el Fiscal General del Estado y el Gobierno ha sido muy cuestionada por comprometer la autonomía del Ministerio Fiscal".
Este informe sostiene que "la situación durante los años 2022 y 2023, extensible hasta la actualidad, no ha hecho sino empeorar" y recuerda que organismos como el GRECO y la Comisión Europea han recomendado desligar los mandatos del fiscal general y del Gobierno y mejorar la transparencia y autonomía del Ministerio Fiscal.
En este sentido, valora como positivo el acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista y Partido Popular el pasado mes de junio para que no se pueda volver a repetir el "caso Dolores Delgado" al imponer el requisito para ser fiscal general del Estado de no haber ocupado un cargo público representativo en los cinco años anteriores.
Desde la Fundación Hay Derecho proponen desvincular "el nombramiento y cese del fiscal general del nombramiento y cese del gobierno, reforzar la autonomía del Ministerio Fiscal con la reforma de su estatuto y establecer para los nombramientos discrecionales del Ministerio Fiscal, unas reglas claras de evaluación, baremo objetivo de méritos, sistema de clasificación de los candidatos y una suficiente publicidad de las vacantes y de los requisitos para cubrirlas".
También ponen énfasis en la necesidad de establecer un sistema de contrapesos internos que, entre otras cosas, permita proteger a los fiscales que discrepen de sus jefes en particular en relación con los procedimientos de investigación o disciplinarios que se les puedan abrir.
Por otro lado, el informe subraya que el número de magistrados constitucionales con vinculaciones políticas, incluyendo haber ostentado cargos a propuesta de partidos, ha crecido notablemente y añade que la percepción de independencia del Tribunal Constitucional también "se puede ver mermada por la consolidación de la tendencia observada en el informe a votar por bloques alineados ideológicamente en casos sensibles políticamente".
Asimismo, desde Hay Derecho se alerta de que en el período de análisis de este informe, se consolida la tendencia ya mostrada para el período 2018-2021: los decretos-leyes son una forma muy recurrente de legislar. "Este instrumento presenta menos garantías de participación democrática y calidad técnica en su elaboración que las previstas para la elaboración de leyes ordinarias y orgánicas", explican. Además, el estudio revela que también proliferan los denominados decretos-ómnibus, es decir aquellos que regulan en un mismo texto una variedad de materias sin relación entre sí.
Para mejorar nuestra calidad democrática esta fundación propone "limitar el uso de decretos-leyes a situaciones de extraordinaria y urgente necesidad", "evitar los «decretos-leyes ómnibus asegurando en cada uno regule materias con conexión sustantiva" y "evitar las proposiciones de ley por parte de los partidos del Gobierno".