La Fiscalía exige estar presente en el interrogatorio del juez Peinado a Pedro Sánchez
La Fiscalía ha presentado un escrito ante el juez Juan Carlos Peinado en el que exige estar presente en el interrogatorio que el magistrado pretende realizar el próximo martes en La Moncloa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en calidad de testigo en el caso en el que está imputada su esposa, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En un documento fechado el jueves 25 de julio y al que ha tenido acceso EL PAÍS, el ministerio público afea al juez que, “más allá de conocer que la declaración [de Sánchez] sería a las 11.00 del día 30 de julio de 2024 en el Palacio de la Moncloa, y de que la misma sería grabada, hay cuestiones sobre las que no media pronunciamiento”: principalmente, que el magistrado no ha detallado si irá acompañado de las partes personadas —Fiscalía, acusación popular y defensa de Begoña Gómez—, algo que, según el fiscal, es obligado según el artículo 773.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
“Hay ciertos elementos [en la providencia dictada por el juez el pasado miércoles y en la que citó a Sánchez como testigo] que nos alejan de una prueba testifical realizada de acuerdo a los parámetros de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a los principios procesales básicos”, advierte el fiscal José Manuel San Baldomero en el escrito enviado al juzgado de instrucción 41 de Madrid. Y se pregunta “cuál sería la consecuencia de la celebración del acto sin citación y presencia de las partes personadas por causas ajenas a su voluntad”. “Podría dar lugar a la ineficacia de la declaración o a la solicitud de repetición si se apreciara indefensión”, se responde la propia Fiscalía, deslizando así que, si no se le permite asistir al interrogatorio, podría solicitar su anulación posterior.
Hecha esa advertencia, el ministerio público —que desde el principio se ha manifestado contrario a tomar declaración a Pedro Sánchez— reclama “que se garantice [su] intervención en el acto señalado, de acuerdo a las previsiones legales y los derechos y deberes que rigen la actuación del Ministerio Fiscal”. “Y no solo derechos del Ministerio Fiscal, sino también derechos de la persona investigada y también de quien o quienes ejercen la acusación popular”, subraya. El hecho de que el juez —“por decisión deliberada o por error”— no haya previsto expresamente esa presencia de las distintas partes el día de la comparecencia de Sánchez, añade la Fiscalía, “supone una patente infracción del derecho de las partes a intervenir en las diligencias de instrucción de las que no estén excluidos o no requieran su intervención conforme a ley (y esta testifical no lo es)”. Con ello, prosigue el ministerio público, se está produciendo una “lesión flagrante del derecho de tutela judicial efectiva y proscripción de la indefensión”, del derecho de defensa, del principio de legalidad y proscripción de la arbitrariedad, así como del principio de contradicción que debe regir la práctica de dicha diligencia, “ya que se estaría impidiendo a las partes interrogar a un testigo”.
La Fiscalía remarca que la providencia del juez Peinado elude precisar “quiénes son integrantes de la comisión judicial” en ese interrogatorio. “Por lo general, el representante del Ministerio Fiscal, en actuaciones de guardia y en general, de instrucción, formaría parte de la misma, si bien en este caso, ante la ausencia de mención y de diligencia posterior de citación o comunicación de ningún tipo, parece que ha decidido que no forme parte de ella”, protesta el ministerio público. “Da la sensación de que sólo el magistrado instructor va a desplazarse a la citada declaración, lo que supondría una interpretación literal de los artículos 410 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, claramente desfasada e incongruente con los principios constitucionales que rigen en proceso penal, toda vez que es reconocido el derecho de las partes a intervenir en las diligencias de instrucción”, insiste. “No hay rastro [en la providencia] de referencia al Ministerio Fiscal, Acusaciones Populares personadas, y ni tan siquiera a la propia defensa, dando la sensación de que no son citados al acto”. Ante la duda, por tanto, la Fiscalía comunica al juez que quiere estar presente en esa comparecencia judicial del presidente del Gobierno.
Una vez establecida esa exigencia principal, el escrito fiscal también pide conocer “cómo van a ser identificados ante el servicio de seguridad los intervinientes representantes de estas partes, si hay que contactar con algún responsable de seguridad, si hay que facilitar al juzgado la identidad de quienes acudirán, si se accede a pie o en vehículo previa comunicación de las matriculas a quien corresponda, si serían identificados por el Letrado de la Administración de Justicia...”. “El abanico de opciones e incógnitas es tan amplio como inciertas las respuestas que se quieran imaginar”, apunta.
Pedro Sánchez solicitó el pasado miércoles prestar su testimonio por escrito y no de forma presencial, alegando que la ley le permite hacerlo así en virtud de su cargo. El juez aún no ha respondido a esa petición del presidente del Gobierno.