Pedro Sánchez recuerda al juez Peinado que tiene derecho a declarar por escrito
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dirigido un escrito al juez Juan Carlos Peinado para solicitar declarar por escrito como testigo en la causa abierta contra su esposa, Begoña Gómez. “Es mi voluntad como no puede ser de otro modo colaborar con la Administración de Justicia, siempre en el marco del estricto cumplimiento de la Constitución”, dice el texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que añade: “Por ello con el fin de garantizarlo, esa declaración debe producirse conforme a lo establecido en el art. 412. 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prevé que, por razón de mi cometido como presidente del Gobierno, mi declaración se deberá presentar por escrito. Es notorio que mi comparecencia resulta inescindible de esa condición”, asegura Sánchez en la misiva que termina asegurando que como presidente del Ejecutivo debe “cumplir la ley”.
Con este escrito, de solo cinco párrafos, el jefe del Ejecutivo mueve ficha después de que Peinado lo haya colocado en una complicada coyuntura. El magistrado firmó el lunes la resolución que ordena su citación como testigo, que ya ha sido recurrida por la Fiscalía y el abogado de su esposa, el exministro socialista Antonio Camacho. Ese documento, que se encuentra fechado el pasado viernes —el mismo día que las acusaciones populares, encabezadas por la formación ultraderechista Vox, le pidieron que llamara a Sánchez a comparecer—, acuerda que el magistrado se desplazará el próximo 30 de julio al palacio de La Moncloa para interrogar en persona a Sánchez a partir de las 11.00. El juez argumentó que esta iniciativa era “conveniente, útil y pertinente” , después de que Begoña Gómez se acogiese a su derecho a no declarar ante él.
La legislación establece que los miembros del Gobierno puedan declarar por escrito como testigos en las instrucciones judiciales cuando estas versen sobre hechos que hayan “conocido por razón de su cargo” —así lo han hecho, por ejemplo, varios de los actuales ministros en el caso Pegasus abierto en la Audiencia Nacional; o lo hizo en el pasado Esperanza Aguirre en el caso Gürtel cuando ya era expresidenta de la Comunidad de Madrid—. Pero el magistrado, que aseguró que indagaba “todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por Gómez desde que su esposo es presidente del Gobierno de España”, se aferra ahora al precepto de la norma que le permite interrogar a un componente del Ejecutivo en persona y en su despacho cuando se trate de “cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo”.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé que los maridos, así como otros familiares directos de los investigados, “están dispensados de la obligación de declarar” contra sus esposas para garantizar los derechos de la defensa. Sin embargo, se contempla que será el magistrado quien les “advertirá” de ello, y que tendrá que comentarle igualmente al testigo que, aunque no quiera responder a las preguntas de nadie, puede “hacer las manifestaciones que considere”.