Estas son las premisas del acuerdo para atender a menores migrantes con derecho a asilo

Laura Bautista

Las Palmas de Graan Canaria

Fernando Clavijo ha traslado al Pacto Canario por la Migración las premisas que regirán la atención de los menores no acompañados con derecho asilo y que solicitan acceder al sistema de protección internacional y que se han establecido con el Gobierno del Estado, en cumplimiento del auto del Tribunal Supremo del pasado 4 de junio.

Ha declarado «satisfacción» de empezar a ver «esa luz al final del túnel» en la respuesta a los menores migrantes no acompañados.

Entre las premisas que incluye este acuerdo figura que de los 1.294 menores que Canarias tenía constancia de ser solicitantes de asilo, solo 827 coincidían con los datos del Ministerio del Interior. Con ellos se empezará a trabajar, desde el próximo martes, dando ingreso al sistema a 250, mientras se posibilita que se reconozcan a los 367 niños y niñas que Canarias tiene identificados como solicitantes de protección internacional .

En principio, el Estado se ha comprometido a resolver el acceso inmediato de estos 827 menores con plazas en Gran Canaria, de manera transitoria para, una vez se le valore de manera más pormenorizada se decida un destino definitivo en la plaza más adecuada, velando por su interés superior, dentro del territorio español y de manera excepcional en Canarias, ha dicho.

En las premisas, propuestas por los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, se ha contemplado una hoja de ruta para ingresar al menor en el sistema de manera inmediata, trasladarlo de manera provisional al mejor recurso alojativo dependiente del Estado que se ajuste a sus características, y hacerle una evaluación individualizada para darle una respuesta definitiva.

En definitiva, h dicho, este documento es «el compromiso de ambas administraciones a dar respuesta a los autos del Supremo, por lo que se instaba al Estado a articular la colaboración efectiva con Canarias, incluyendo la asignación de recursos humanos, materiales y económicos», ha subrayado.

Además, para hacerlo con rapidez, el Estado se compromete a exigir únicamente los documentos esenciales a cada menor. Una vez aportados, tendrá que dictar la resolución de acceso al sistema de protección internacional en un plazo de 3 días hábiles o 5 naturales. Se cumple así el auto del Tribunal Supremo que ordenaba al Estado que «no pueden pasar más de 6 días entre que un menor manifieste su voluntad de pedir asilo y la formalización de su solicitud».

A la reunión asistió el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello; el viceconsejero de los Servicios Jurídicos del Gobierno, Jorge Riestra y el Secretario General de la Presidencia, Ceferino Marrero, además de los portavoces de todos los grupos parlamentarios de Canarias.

Para el presidente, alcanzar este acuerdo «es una gran noticia para estos menores con derecho a asilo y también para Canarias, no solo por el alivio que supondrá para su sistema de acogida, que está colapsado, sino también porque este procedimiento tendrá que cumplirse a partir de ahora con todos los niños y niñas que lleguen huyendo de guerras o de persecución por razón de sexo, religión o ideales políticos».

Tratar los dos decretos

Sin embargo, desde el Gobierno de Canarias se considera que esta hoja de ruta no tiene nada que ver con la que tiene que derivar de la modificación de la Ley de Extranjería para distribuir a niños y niñas no acompañados por el resto del territorio nacional y que no vienen huyendo de zonas de conflicto o de situaciones de discriminación.

Y en este sentido, el presidente anunció que había trasladado a los grupos parlamentarios que, mañana, en la Conferencia Sectorial de Infancia, «se van a tratar dos decretos que hay que aprobar para avanzar en los detalles de esa modificación, uno sería referido a la declaración de la contingencia migratoria y un segundo para proceder a su aplicación».

Desde Canarias «hemos contribuido con algunas aportaciones como la solicitud de que el personal que traslade a los menores sea perteneciente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya que tienen jurisdicción en todo el territorio estatal», añadió.

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