«¿A una mujer qué le interesa? ¿Saber cuáles son los médicos que le van o le pueden asistir? ¿O cuáles son los médicos que no están dispuestos a atenderla?», ha dicho en una entrevista en el programa 'Espejo Público', de Antena 3. Respalda así el líder popular el planteamiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que tachó el registro de objetores de «lista negra» y aseguró que en la región no se iba a «señalar» a los médicos por negarse a participar en estas intervenciones.
Feijóo da así un paso más para responder a la cruzada del Gobierno contra algunas comunidades, sobre todo del PP, por el aborto. Ya la semana pasada el presidente de los populares publicó una carta en la que acusaba a Pedro Sánchez de «utilizar causas superadas» e intentar reabrir debates del pasado« para »ocultar los problemas del presente«.
El líder popular respondía así a las reiteradas amenazas por parte del Gobierno a las comunidades autónomas por el aborto. La primera llegaba el pasado lunes del propio presidente del Gobierno, al enviar este una carta a cuatro comunidades autónomas (Madrid, Aragón, Baleares y Asturias) en la que les exigía que pusieran en marcha el registro de objetores al aborto en un plazo máximo de tres meses. De no hacerlo, dijo, el Ejecutivo tomaría acciones contra ellas.
También la ministra de Sanidad, Mónica García, señaló directamente a la Comunidad de Madrid y Andalucía en el Consejo de Ministros del pasado martes. La titular del ministerio informó sobre la aprobación de un informe de abortos en la sanidad pública y denunció que en ambas regiones, gobernadas por el PP, el porcentaje de intervenciones en centros públicos era muy bajo. «Utilizaremos todas las herramientas para que la ley se cumpla», advirtió.
Inquietud
El registro de profesionales objetores al aborto es una medida que contempla la reforma de la ley del aborto de 2023 por la que las comunidades autónomas tienen que elaborar un listado con los nombres y apellidos de los ginecólogos, anestesiólogos, médicos de familia, enfermeras y matronas que, aludiendo a su objeción de conciencia se nieguen a participar en este tipo de intervenciones. Desde que se empezó a plantear la medida, varios colegios de médicos manifestaron su inquietud por que estas relaciones sirvieran para señalar a los profesionales.
Este lunes, la Organización Médica Colegial ha recordado que los datos de los médicos objetores «deben mantenerse en secreto y bajo estricta confidencialidad, sin acceso público ni divulgación externa». En esa línea, ha recordado que la objeción de conciencia no puede conllevar sanciones ni discriminación a los profesionales.