El informe clasifica a las comunidades autónomas en cuatro grupos: las que practican más del 75 por ciento de abortos en los centros públicos (Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra), las que rozan el 60 por ciento, como Cataluña o Baleares, las que pese a partir de cifras bajas las han aumentado en los próximos años, como Canarias y Castilla y León y las que están por debajo del 10 por ciento, que son todas las demás, incluidas Ceuta y Melilla, dependiente del Ministerio de Sanidad, en las que ningún aborto se lleva a cabo en centros públicos. Además, en estos últimos casos las mujeres son trasladadas hasta Andalucía para abortar.
Sin embargo, la ministra de Sanidad, Mónica García, se ha centrado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en los datos de Andalucía y Madrid. Entre las dos, ha señalado, realizan casi la mitad de los abortos de todo el país, pero solo un 0,2% en el primer caso y un 0,5% en el segundo se llevan a cabo en centros público. «Vamos a utilizar todas las herramientas jurídicas y administrativas para que la ley se cumpla», ha lanzado.
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