El Colegio de la Abogacía de Madrid pide enviar al Supremo los "indicios" contra García Ortiz por la filtración de datos del novio de Ayuso
El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha solicitado este viernes al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM) que envíe al Tribunal Supremo la causa abierta por la filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso.
El ICAM, que se encuentra personado en este procedimiento, solicita al instructor que eleve exposición razonada al Alto Tribunal ante los "indicios cualificados que apuntan a la presunta responsabilidad penal del fiscal general del Estado".
Se da la circunstancia de que Álvaro García Ortiz, quien dio la orden de distribuir a los medios de comunicación los datos reservados de la pareja de la presidenta madrileña, se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
La causa, incoada por un delito de revelación de secretos, se dirige en la actualidad contra la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de Delitos Económicos Julián Salto. Ambos se desvincularon ayer de la elaboración y distribución de la nota de prensa donde se airearon los detalles del pacto de conformidad que el empresario Alberto González Amador estaba negociando con la Fiscalía de Madrid.
Tras desvelar EL MUNDO que la orden de remitir a los medios de comunicación los datos que afectaban al novio de Ayuso, el fiscal general asumió públicamente la "responsabilidad última" de lo sucedido. Además, pese a que se abstuvo de intervenir en el procedimiento, remitió un escrito al TSJM señalando que la competencia para investigar su actuación corresponde al Alto Tribunal.
Por su parte, el ICAM -que se enfrentó al Ministerio Público que capitanea García Ortiz por su insólita actuación- ha calificado esa nota de prensa como "una grave una violación de la confidencialidad y el secreto profesional, principios fundamentales del ejercicio de la abogacía y el derecho de defensa, al aludir directamente al contenido de las conversaciones habidas y el reconocimiento de hechos, lo que no debería salir nunca a la luz pública, pues de lo contrario se compromete de forma severa el derecho de defensa y, en definitiva, el derecho a un proceso justo".
Su decano, Eugenio Ribón, ha subrayado "la gravedad de los hechos y la necesidad impedir que vuelva a ocurrir una situación como esta que afecta directamente a la integridad del sistema judicial y a la protección de los derechos de los profesionales del derecho y sus clientes. La protección de la confidencialidad en las comunicaciones entre abogados y fiscales es esencial para la defensa efectiva de los derechos de los ciudadanos y este Colegio será firme ante cualquier vulneración del mismo".