El Colegio de la Abogacía de Madrid denuncia a la Fiscalía por desvelar en un "hecho sin precedentes" datos confidenciales de la pareja de Ayuso
Conflicto institucional de primera magnitud. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha anunciado este lunes que presentará una denuncia por revelar la Fiscalía datos "confidenciales" entre el letrado del empresario de Alberto González Amador y el fiscal que lo investiga por presunto fraude fiscal. Así lo ha acordado la Junta de Gobierno tras la reunión mantenida este lunes y así lo ha comunicado el decano Eugenio Ribón en rueda de prensa. La denuncia se presentará por delitos de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos tipificados en el artículo 417 del Código Penal.
La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid está siendo investigada por dos delitos fiscales y otro de falsedad documental. En palabras del decano, el "derecho de defensa es sagrado", una "pieza básica del Estado de derecho" y vulnera el "derecho a la confidencialidad".
El ICAM considera que la difusión por parte del Ministerio Fiscal del contenido concreto de comunicaciones, en este caso correos electrónicos, que fueron mantenidas entre el abogado de la pareja de Ayuso, el fiscalista Carlos Neira, y el fiscal del caso, Julián Salto, encaminadas a llegar a un pacto de conformidad, atentan contra el derecho de defensa.
"El Colegio de la Abogacía de Madrid, como mayor colegio de Europa, en nombre de sus más de 75.000 colegiados y como garante del Derecho de Defensa de toda la sociedad, tiene la obligación de defender a ultranza y con la mayor contundencia el derecho de defensa", ha señalado el decano en rueda de prensa.
Ribón ha señalado que la Junta de Gobierno ha acordado "dar instrucciones a los servicios jurídicos del ICAM para la presentación de la correspondiente denuncia por las posibles responsabilidades penales que hubiere podido hacer lugar por razón del comunicado oficial de la Fiscalía Provincial de Madrid, y en su caso, la personación de este colegio en la causa como parte interesada".
Por otro lado, la Junta Directiva ha acordado presentar una denuncia formal que "inicia un procedimiento administrativo sancionador contra aquellos que hayan infringido gravemente lo estipulado en el artículo 62 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal". El decano explicó que dicha normativa sanciona expresamente la divulgación indebida de información por parte de cualquier miembro del Ministerio Fiscal, información obtenida durante o por motivo de sus funciones, especialmente cuando dicha revelación perjudica la integridad de los procesos judiciales o afecta a cualquier individuo involucrado.
Horas después de que el gabinete de prensa de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid enviara -por instrucción directa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tal y como desveló EL MUNDO- a los medios de comunicación la nota de prensa con la negociación mantenida con el letrado del empresario Alberto González Amador, el ICAM emitió un duro comunicado donde sostuvo que los hechos eran de "extrema gravedad".
El colegio de letrados entiende que la Fiscalía Provincial de Madrid reveló "datos concretos de unas diligencias de investigación" a través de un comunicado y subrayó que entre esas filtraciones figuraban fechas, conversaciones y reuniones que suponían una "ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados".