El fiscal general Estado Álvaro García Ortiz dio ayer orden de difundir el insólito comunicado de la Fiscalía Provincial de Madrid desvelando las conversaciones secretas mantenidas entre la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso, ejercida por el abogado Carlos Neira, y el fiscal encargado del asunto Julián Salto.
Según informan fuentes fiscales a EL MUNDO, García Ortiz dio este jueves la instrucción directa a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, de enviar a los medios de comunicación desde su gabinete de prensa la nota con la cronología de las conversaciones privadas mantenidas entre el letrado de Alberto González y el fiscal del caso. Fuentes fiscales califican de "muy grave" y "sin precedentes" lo ocurrido ya que vulnera el derecho de defensa del investigado y el secreto profesional del letrado Carlos Neira, que ejerce la defensa de la pareja de Ayuso.
Por otro lado, las fuentes consultadas destacan que la actuación de la Fiscalía Superior de Madrid -superior jerárquico directo de la Fiscalía Provincial, órgano que aparece en el encabezamiento de la nota- se limitó a enviar a los medios de comunicación la insólita comunicación siguiendo la instrucción de García Ortiz.
Dentro del Ministerio Público existe preocupación por lo sucedido. Fuentes fiscales alertan del "daño reputacional" que está causando en la institución este tipo de maniobras para "favorecer al Gobierno". Asimismo, la citada nota ha sido ampliamente criticada por el Colegio de la Abogacía de Madrid que estudiará el lunes en Junta de Gobierno cómo responder a la misma.
Lo cierto es que lleve sobre mojado ya que la credibilidad del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz se encuentra bajo mínimos tras el reciente episodio vivido en la Fiscalía del Tribunal Supremo con el caso Puigdemont y el varapalo que recibió por parte de la Sala Segunda del Alto Tribunal.
EL MUNDO se ha puesto en contacto con el gabinete de prensa de la Fiscalía General del Estado que se limita a señalar que "la nota es de la Fiscalía de Madrid" mientras se niega a revelar quién dio la orden de redactar la misma.
Por otro lado, dado la envergadura de la polémica, fuentes jurídicas informan de que el fiscal general se ha reunido este viernes con el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, y con la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega.
Tras una reunión mantenida ayer de urgencia, dada la gravedad de los hechos, el ICAM emitió un comunicado donde consideró de "extrema gravedad la revelación, por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid, a través de un comunicado oficial, de datos concretos de unas diligencias de investigación, detallando fechas y contenido de conversaciones y reuniones, produciendo todo ello una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados".
Los abogados incidieron en que "la divulgación de cualquier información relacionada con las posiciones o estrategias legales de las partes, sin un acuerdo de conformidad formalizado, constituye una vulneración de estos principios básicos de sigilo, confianza y buena fe, y pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal".