El colegio de abogados de Madrid denuncia la filtración de la Fiscalía en el caso del novio de Ayuso: "Es de extrema gravedad la revelación de conversaciones"
El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) se ha pronunciado sobre el caso de presunto fraude fiscal que concierne a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, señalando como un asunto de "extrema gravedad" la filtración de datos cometida por la Fiscalía.
El ICAM denuncia que la Fiscalía Provincial de Madrid reveló "datos concretos de unas diligencias de investigación" a través de un comunicado, y apunta que entre esas filtraciones figuraban fechas, conversaciones y reuniones que suponen una "ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados".
El Colegio de Abogados de Madrid alude al artículo 4.5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para señalar que existe un "límite en la obligación de informar por parte del Ministerio Público" y que el secreto profesional es "especialmente importante en las interacciones entre fiscales y abogados".
Para el ICAM, la información conocida esta semana sobre las conversaciones entre la Fiscalía y el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso constituyen "una vulneración de estos principios básicos de sigilo, confianza y buena fe" y, denuncia, "pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal".
El ICAM ha anunciado que abordará esta cuestión en la Junta de Gobierno del próximo lunes "con el compromiso de velar por el ejercicio del derecho de defensa y el secreto profesional". El Colegio concluye señalando que llegará "hasta las últimas consecuencias".
La Fiscalía denunció a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, que ejerce como consultor sanitario, por dos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad en documento mercantil.
González admitió durante la Inspección de la Agencia Tributaria haber incorporado de manera irregular dos facturas correspondientes a proyectos fallidos en México y Costa de Marfil, por unas sumas que ascendían a 620.000 euros y 900.0000 euros, respectivamente. Con ello, según refiere la Fiscalía, habría dejado de aportar a Hacienda 155.000 euros en 2020 y 195.951 euros en 2021, 350.951 euros en total.