El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Castilla-La Mancha contra el Real Decreto-Ley que regula la redistribución de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas. El acuerdo fue adoptado por el pleno del alto tribunal el pasado 8 de julio y ha sido publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado.
La norma impugnada, convalidada por el Congreso de los Diputados el 10 de abril de 2025, establece medidas urgentes «para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias». Castilla-La Mancha sostiene que este Real Decreto-Ley supone una «imposición unilateral» que invade competencias exclusivas de las comunidades autónomas y que, además, obliga a asumir un gasto considerable sin respaldo económico por parte del Estado.
La decisión de presentar el recurso fue adoptada por el Consejo de Gobierno regional el pasado 10 de junio, tras recibir el aval del Consejo Consultivo. Desde el Ejecutivo autonómico se ha reiterado que la oposición no responde al contenido de la medida en sí, sino a la forma en la que se ha aprobado y a la ausencia de financiación para hacerla efectiva.
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«Acoger no es solo abrir la puerta, sino hacerlo con dignidad», defendía la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, quien subrayaba que el recurso no pone en cuestión la necesidad de actuar de forma solidaria, especialmente «cuando estamos hablando de niños y niñas». Por eso insistía en que, de haberse acompañado la medida de los recursos necesarios, Castilla-La Mancha no habría acudido al Constitucional. «Si esta medida, aunque hubiera sido sin diálogo, hubiese venido con financiación suficiente, no la habríamos recurrido», sentenció.
La portavoz también ha recordado que el título completo del decreto no hace alusión al reparto, sino que habla expresamente de medidas para garantizar el interés superior de la infancia, una garantía que, a su juicio, «no puede ofrecerse sin medios materiales ni humanos».
En este sentido, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, explicaba que la financiación ofrecida por el Estado es «insuficiente y recortada», puesto que, ha abundado, recortaría hasta en casi un 80% la financiación que establecían las contingencias anteriores, una cantidad que cubriría sólo tres meses en la atención y acogida de esos menores.
Así, García Torijano señalaba que «hasta ahora los planes de contingencia venían cubriendo un año de la acogida de estos menores», un plazo que al menos otorgaría cierta flexibilidad para que el sistema de protección de las comunidades autónomas se pueda adaptar.
Por estos motivos, Castilla-La Mancha trasladó la semana pasada en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada a entre el Gobierno central y las comunidades autónomas recuperar los criterios de valoración previos, que permitían adaptarse con tiempo a la acogida y respetar los modelos autonómicos. «Entendemos que esta es una situación de emergencia y precisamente por eso se necesita inversión», afirmaba García Torijano.
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En esa misma línea se pronunció el presidente regional, Emiliano García-Page, que también rechazó el concepto de «solidaridad obligatoria», que tildó de «demagogia pura», y exigió al Estado que no se desentienda de sus responsabilidades en materia migratoria. «El Estado no puede convertirse en un transportista de menores. Es responsable de que entren legal o ilegalmente y, por tanto, debe ayudar económicamente cuando el problema supera la capacidad de las autonomías. El Estado no puede hacer dejación del Estado», zanjó.
Page, al anunciar el recurso al Constitucional, ahora admitido a trámite, aseguró entonces que Castilla-La Mancha es una comunidad que «ha cumplido siempre, que no ha desatendido nunca a un emigrante y menos a un menor». Por ello, criticó con dureza que el Gobierno central aceptara lo que consideró «una exigencia de Junts» en el marco de la negociación parlamentaria. «Me parece bastante intragable lo que ha hecho el Gobierno», declaró.
Castilla-La Mancha tendrá que acoger a un total de 320 menores migrantes no acompañados, según la estimación del Ministerio de Juventud e Infancia tras aplicar los criterios del nuevo Real Decreto Ley que regula la redistribución entre comunidades autónomas de estos niños, niñas actualmente acogidos en Canarias, Ceuta y Melilla.
La región será, de este modo, la cuarta con mayor número de traslados, solo por detrás de Andalucía (677), Madrid (647) y Comunidad Valenciana (571).
El total máximo de menores a redistribuir entre comunidades se sitúa en 3.975, todos ellos actualmente acogidos en Canarias, Ceuta y Melilla.
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