El Gobierno gana en el Tribunal Constitucional el primer asalto a las CCAA por el control de los grandes proyectos renovables

Los servicios jurídicos de varias Comunidades Autónomas están revisando con lupa la ley nacional del sector eléctrico. Hasta hace pocas semanas, confiaban en encontrar un resquicio jurídico que permitiera a sus gobiernos asumir la gestión de los grandes parques renovables que se están desplegando en sus territorios. Son aquellos que superan los 50 megavatios (MW), cuya tramitación es actualmente competencia del Ministerio para la Transición Ecológica. Aunque la norma estatal es muy clara y dicta que los proyectos por debajo de dicha potencia son responsabilidad de las autonomías y aquellos que la superan, de la cartera que aún dirige Teresa Ribera. Pero el despliegue masivo de energías limpias, azuzado por los ambiciosos objetivos nacionales de descarbonización, han dado a luz a una nueva modalidad de megaparques verdes que las CCAA quieren disputarle al ministerio.

El Gobierno ha ganado ya el primer asalto en el Tribunal Constitucional. Así se desprende de una reciente sentencia del órgano que preside Cándido Conde-Pumpido a la que ha tenido acceso EL MUNDO, que declara inconstitucional el Decreto Ley 1/2023 del Gobierno de Aragón, que introdujo una batería de medidas urgentes para impulsar el despliegue de renovables y el consumo intramuros de su energía. Para entender lo que soliviantó al ministerio y llevó al Gobierno a recurrir la norma aragonesa ante el Constitucional, hay que hacer una pausa y explicar un concepto que está cada vez más de moda en el sector: la hibridación.

Grosso modo, se trata del proceso por el que se combinan varias fuentes de energía en un mismo parque. Por ejemplo, promotor que construyó un huerto solar donde, después, decide instalar también molinos. Y aquí está el debate. La barrera de los 50 MW que fija la norma estatal puede o no rebasarse con la hibridación según como se mire, al menos, hay abogados que a día de hoy defienden una postura y la contraria. Lo cierto es que al instalar una segunda fuente de energía, la potencia del parque aumenta, lo que, sobre el papel, les llevaría a pasar del ámbito de competencia autonómica al estatal. Sin embargo, no es menos cierto que con la hibridación se mantiene el mismo punto de conexión original, porque este modelo no está pensado para aumentar el volumen de energía que un parque puede volcar a la red en un momento concreto, sino para multiplicar las horas en las que está funcionando. Es decir, no se trata de que molinos y paneles produzcan a toda máquina todos a la vez, sino de que ambas tecnologías se den el relevo. En las horas de sol funcionan las placas y por la noche, las turbinas.

Hasta ahora, no pocas autonomías han preferido interpretar que, dado que en los parques híbridos no existe una modificación sustancial del proyecto, podían seguir concediendo permisos a sus promotores, independientemente de si rebasaban o no el tope de los 50 MW. Pero el Gobierno tomó cartas en el asunto. "El ministerio no está dispuesto a perder el control sobre megaparques que implican un mayor impacto ambiental, pueden ser considerados de interés público y, generalmente, dan servicio a más de una autonomía", apuntan fuentes legales próximas a Transición Ecológica. Básicamente, la cartera no está dispuesta a que esta imprecisión legal lleve, por sistema, a que las CCAA se pongan al volante de los grandes proyectos verdes.

Eso es, en definitiva, lo que pretendía la norma aragonesa, donde el Ejecutivo de Javier Lambán se arrogó la potestad de tramitar la hibridación de aquellos parques que en origen hubieran sido gestionados en el ámbito regional. "Será autorizado por la misma administración autonómica, dado que, al no alterarse las condiciones de acceso y conexión, el aumento de la potencia instalada, por sí mismo, no es un indicador de que las correspondientes instalaciones excedan del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón", alegaba el decreto. La Abogacía del Estado contraargumentó que para determinar si el órgano competente era la autonomía o el ministerio debía tenerse en cuenta la potencia final del parque hibridado, "y no será en todo caso el mismo órgano que otorgó la autorización de la instalación en funcionamiento".

Sobre la sentencia del TC, José María González Moya, director general de la patronal renovable Appa, admite que no hay muchos afectados, aunque sí ha repercutido en alguno de sus asociados: "Es un trastorno e implicará retrasos porque ahora tendrán que retramitar en el ministerio algunos de los permisos que ya les había otorgado la Administración regional". El portavoz detalla que se trata de autorizaciones administrativas y ambientales, las más engorrosas. Y, si bien admite entender las razones del ministerio, afea que las reglas no hayan sido "más claras" desde el principio: "En situaciones como esta, la generalidad hace daño a la singularidad".

Otra fuente legal especialista en el sector asevera que la ley no da lugar a error, "la competencia a partir de los 50 MW siempre fue del ministerio". Con todo, la reciente sentencia ha despertado la inquietud entre aquellos promotores que, antes del fallo, habían tramitado permisos para sus parques redimensionados con unas autonomías que nunca les han advertido del debate. En un foro sectorial organizado hace unos días por el despacho Ontier, sus abogadas aconsejaron a los promotores que, ante cualquier duda, eleven una consulta al ministerio antes de seguir adelante.

El próximo viernes, está previsto que Jorge Azcón se reúna con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una cita sobre la que planea la cuestión renovable, clave para el desarrollo industrial de una región que lleva tiempo reclamando que el impacto socioeconómico de sus renovables reporte más a un territorio que exporta al resto de España el 56% de la energía limpia que genera.