Ahora, la batalla se traslada al terreno de la opinión pública -quien consiga imponer su relato, desde el punto de vista político, es clave para limitar el coste electoral que puede tener la medida para los socialistas, más allá de su convalidación- y en el Congreso, donde se disputará la batalla final por su aprobación definitiva. En estos dos planos se enfoca ahora la estrategia del Gobierno. En el primero, el Ejecutivo buscará romper el frente común de las autonomías del PP que se visualizó el miércoles. Aplicará la máxima del 'divide y vencerás' y, para ello, Hacienda tiene previsto convocar de manera «inmediata» a reuniones bilaterales a todas las CC.AA.
Las fuentes del ministerio consultadas por ABC aseguran que se trata de unos encuentros de «carácter técnico», a nivel intermedio, con los equipos y sin primeros espadas, para «dar información y explicar» los pormenores del modelo y su aplicación a cada región. «Es lo que nos han pedido», señalan las citadas fuentes, que aprovecharán estos encuentros para tratar de seducir a las regiones más infrafinanciadas de las bondades de un sistema que prevé para ellas una importante inyección de recursos.
Alarma en el PSOE por el daño electoral de la financiación pactada con ERC
Con tres autonomías al borde de las urnas, la preocupación aumenta por el impacto en sus campañas
En Moncloa tratan así de poner en un brete al PP, que este domingo reunirá en Aragón a todos sus barones territoriales en una cumbre con la financiación como telón de fondo. La bandera electoral no admite discusión, empezando por el emplazamiento elegido para la cita. El Gobierno trata de abrir fisuras entre los presidentes populares que más necesitan el dinero y desactivar, así, un argumentario letal para sus candidatos en campaña.
En el Ejecutivo aseguran que hay cierto margen para atender algunas de las reclamaciones de las regiones y se utilizarán estos encuentros para ir perfilando los detalles antes de comenzar a redactar la ley. A la espera de la redacción definitiva del texto, están también los contactos con los grupos parlamentarios que, según ha podido saber este diario, todavía no han comenzado.
El Ejecutivo quiere registrar la ley antes de que acabe junio y tenerla aprobada para 2027
En Moncloa son relativamente optimistas con esta cuestión, la más trascendente y donde se juega la aprobación definitiva del modelo de financiación. Los plazos adolecen de cierta laxitud y la idea es registrar la ley en el presente periodo de sesiones -cuenta de margen hasta finales de junio- para que se vote en el siguiente. Esto es, tener aprobada la reforma antes de que acabe 2026, para que opere ya el próximo año.
En todo caso, no será ya María Jesús Montero quien pilote esas negociaciones, porque -como tarde- la ministra de Hacienda tendrá que abandonar el Gobierno en abril para asumir en exclusiva su condición de candidata a la Junta de Andalucía. La amplitud del calendario permite, en todo caso, que se desarrolle un evento que en Moncloa consideran «el hito clave» de este 2026: la aplicación completa de la amnistía; esto es, el regreso de Carles Puigdemont a España.
No podrán oponerse
En el Ejecutivo otorgan a esta eventualidad un potencial estabilizador de la legislatura y creen que será un hecho decisivo para que Junts vuelva a integrarse con normalidad en la mayoría de la investidura, desencallando cuestiones pendientes. Esto opera para la aprobación de los Presupuestos y también para la reforma de la financiación autonómica. En Moncloa entienden que, pese a su oposición de partida, el partido postconvergente tendrá muchas dificultades para rechazar, llegado el momento de la votación, una inyección de más de 4.800 millones de euros para Cataluña.
Aunque públicamente se escenifique que la ruptura es total, en privado -tal como publicó este diario hace semanas- existe una vía de comunicación abierta, a través de la que se está negociando, entre otras cuestiones, la publicación de las balanzas fiscales. Otro de los compromisos pendientes con Junts en el que se está avanzando para ir destensando la relación. Ya cuando se rompieron los puentes en el Congreso, la formación independentista avanzó que se saltaría su propio veto autoimpuesto en todas aquellas iniciativas promovidas por el Gobierno que fueran beneficiosas para Cataluña.
En Moncloa se abren a negociar con Junts «mejoras» en el sistema, pero cierran la puerta a un cupo catalán
Ya ocurrió con la ley ELA, con la prórroga de las nucleares, la Ley de Movilidad o la de Economía Sostenible, entre otras. En el Gobierno se aferran a esta cuestión para confiar en que no puedan oponerse ahora a una mejora en la inversión para Cataluña. «Tendrían muy difícil explicarlo», señalan en el Gabinete. No obstante, en Hacienda se muestran dispuestos a hacer algunas cesiones para tratar de convencer a su socio discontinuo. Se abren a «mejoras» y a estudiar sus «propuestas», pero avanzan que el margen es «estrecho» y que no puede pasar por desmontar el sistema, esto es, no cabe un cupo catalán, como el que defiende Junts.
Mientras los postconvergentes ignoran cualquier presión y se mantienen en despreciar la reforma, asegurando que se limita a una mera «actualización» del sistema actual, en paralelo ya se abren a apoyar la quita de 17.000 millones de deuda catalana. Estos movimientos de aperturismo hacen que Moncloa se reafirme en la posibilidad de que acaben apoyando también el nuevo modelo de financiación, aunque todavía haya que articular un relato político para justificarlo.
De entrada, sobre la citada quita de la deuda, Junts avanza que no aceptarán que se integre en un decreto ómnibus «con medidas que, por ejemplo, sean del agrado de Podemos» y aprovecharán la tramitación parlamentaria para tratar de mejorar la cantidad pactada con ERC, porque sostienen que «el PSOE estaba dispuesto a condonar un margen mucho más alto del que al final acordaron» con los republicanos. El independentismo articulando un discurso en el que el eje central es que existe un «expolio fiscal a Cataluña» por parte del Estado, lo que abre la puerta a que tengan dificultades para oponerse a cualquier inversión que busque revertirlo.