Ni una mención a Cataluña; ni un ápice de esa singularidad catalana que reclaman los independentistas, ocultando cualquier cesión a ERC y sin referirse a la ordinalidad que proclamó el propio Junqueras a su salida del encuentro, y sí un desafío directo al PP, al que se emplaza a «apoyar una propuesta de reforma que garantiza más recursos para todas las comunidades autónomas». «Es incompatible creer en el Estado del Bienestar y en el Estado de las Autonomías y no apoyar la necesaria reforma del modelo», sentencian.
A la espera de conocer la letra pequeña del acuerdo, que hoy se encargará de detallar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una sucesión de comparecencias coreografiadas en las que le seguirán representantes de ERC y hasta el propio Salvador Illa, el Gobierno sigue la partitura de la Conferencia de Presidentes de Santander. Entonces, en plena polémica sobre un trato privilegiado a Cataluña, Sánchez anunció una lluvia de millones -en forma de quita de deuda- para todas las comunidades, que dejaba al PP en una posición comprometida, sobre todo, a aquellas regiones tradicionalmente infrafinanciadas.
Moncloa trata así de desarticular el frente común armado desde Génova para romper las filas a nivel territorial. El movimiento se entiende en varias direcciones. Por un lado, busca desactivar la guerra contra la singularidad catalana, reconociendo a todas las regiones sus propias especificidades. Esta cuestión no solo ha enervado a los presidentes del PP, sino que otros socialistas como Adrián Barbón o Emiliano García-Page también se han revuelto contra la expectativa de privilegiar a Cataluña. Por otro lado, trata de abrir fisuras en la estrategia de unidad de acción que se ha desplegado Alberto Núñez Feijóo con sus barones, negando cualquier negociación con el Gobierno que permita blanquear sus cesiones ante el independentismo.
En este sentido, el nuevo modelo de financiación operará como ariete electoral. Moncloa busca dar la vuelta al argumento de desgaste que el PP podría blandir contra Pilar Alegría, en Aragón, y especialmente contra María Jesús Montero, como candidata en Andalucía, por favorecer a Cataluña. De tal manera que, exportando la lluvia de millones a todas las regiones y, sobre todo, anticipando el rechazo de los presidentes del PP a aceptarla, permitirá a sus peones en estos territorios atacar a Jorge Azcón y Juanma Moreno, respectivamente, por no aceptar un incremento en los recursos públicos a su disposición, que permitiría mejorar la prestación de servicios.
Confrontar modelos
«El Gobierno de España pone sobre la mesa una propuesta que soluciona las carencias del sistema actual y cumple con lo prometido a todos los españoles: garantizar más recursos para todas las CC.AA. Un nuevo sistema, donde todos los territorios recibirán más transferencias, para reforzar el Estado del Bienestar», presumen desde Moncloa. En el Ejecutivo tratan así de redirigir el debate hacia la confrontación de modelos en la gestión del dinero y los servicios públicos.
Una estrategia que busca atacar a los presidentes del PP y el nuevo modelo de financiación será un refuerzo en esta línea. El Ejecutivo buscará poner a los dirigentes populares en el brete de tener la capacidad de incrementar su volumen de recursos financieros y de decidir no hacerlo. No es la primera vez que Sánchez avanza en esta dirección, desde el Gobierno llevan semanas apuntando en esta dirección, la de la gestión de los servicios públicos para debilitar la posición del principal partido de la oposición.
La financiación funcionará como ariete electoral para que Alegría y Montero ataquen al PP por no aceptar los recursos extra
Además de retratar al PP, en Moncloa son conscientes de la escasa viabilidad parlamentaria de un pacto a la catalana. Esto es, un acuerdo basado en privilegiar exclusivamente a Cataluña no superará el umbral de mayorías en el Congreso. Ni siquiera contaría con el favor de los socios de la mayoría de la investidura entre los que se encuentran los valencianos Compromís, el diputado gallego del BNG o el aragonés de Chunta. Por no hablar de los siete diputados de Junts, que no van a permitir que ERC rentabilice su posición, en plena pugna por la hegemonía independentista.