La mera escenografía con la que se avanzó el acuerdo, con una reunión en la Moncloa entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, que se encargó de lanzar las primeras cifras para su región —antes de que lo hicieran el Gobierno o la Generalitat— acabó por soliviantar a un PSOE que esperaba expectante una de las grandes decisiones de esta legislatura, sobre todo, por su potencial desestabilizador en el ciclo electoral en el que ya está inmerso el partido.
La vehemencia del Ejecutivo de Emiliano García-Page, que se mostró muy duro durante la reunión, calificando de «chantaje independentista» el modelo, no opaca que Asturias, también socialista, tampoco está de acuerdo en el sistema. Las fuentes consultadas por ABC reconocen su escepticismo en cuanto a la viabilidad del proyecto, que —con rango de ley orgánica— tiene muy complicada su aprobación parlamentaria, pero consideran que, en lo meramente ideológico, ceder en posicionamientos clave como la «ordinalidad» supone una «quiebra moral» para el socialismo.
En el partido hay una sensación de alarma por el desgaste que este debate, aunque estéril, genera en las expectativas del PSOE en las urnas, con varias comunidades ya en precampaña. En la Moncloa se defienden asegurando que el modelo es «bueno» e «inapelable en el detalle técnico», pero asumen que los territorios salgan «en tromba» —incluso los de signo socialista— para descalificarlo «políticamente». «Enfrentar a los españoles con Cataluña no sale bien», señalan fuentes gubernamentales, pero lo cierto es que en algunas regiones sienten una sensación de agravio que creen que cala en sus ciudadanos y que puede acabar perjudicándoles en las elecciones.
Los recelos públicos y las críticas en privado se acumulan por lo que consideran un nuevo gesto de sumisión ante el independentismo catalán. La sensación que late en algunas federaciones es que Sánchez ha decidido anteponer su supervivencia política en Madrid, tratar de mantener prieta una mayoría de investidura que se descompone, sobre los intereses del partido en su conjunto y en los diferentes territorios. Los más benévolos echan en falta que los criterios que ellos defienden estén tan presentes como los que abanderan en Cataluña. Lo cierto es que la región que preside Salvador Illa se ha convertido en el pulmón electoral de un PSOE incapaz de ganar elecciones en el resto de territorios.
La sensación en las federaciones es que Sánchez prioriza su supervivencia política a los intereses del PSOE
Especialmente elocuente fue la crítica del candidato del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, que si bien suele desmarcarse del discurso oficial, como cuando ofreció a Alfonso Fernández Mañueco que gobierne la lista más votada, la inminencia de las elecciones le obliga a mantener un argumentario propio para tratar de salir indemne. «Es injusta e insuficiente», dijo el candidato, tras conocer una propuesta que «no se ajusta a las necesidades» de una región profundamente despoblada.
En los centros de poder socialista son plenamente conscientes del malestar interno y tratan de revertir este clima, al tiempo que buscan cargar de argumentos a sus candidatos para defender un modelo que inyectará 21.000 millones de euros a las autonomías y que «reducirá la brecha entre las comunidades que más y menos tienen». Especialmente sensible es la situación de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que deberá enfrentarse a Juanma Moreno en las urnas en junio en Andalucía. Y, por ello, la región es la que más dinero recibirá, por delante de Cataluña, 4.850 millones de euros.
La reforma de la financiación es la gran asignatura pendiente desde hace años, pero Sánchez dio orden a Montero de alumbrar un nuevo sistema antes de que abandonara el Ejecutivo rumbo a su candidatura andaluza. Los trabajos se aceleraron ante la necesidad de recuperar la iniciativa política en el arranque del nuevo curso. Sin embargo, la imagen de un modelo cerrado en la Moncloa y en connivencia con Junqueras ha supuesto una foto muy indigesta para los cargos que tienen de que defender la propuesta.
La puntilla, aseguran, es que se revelara —por el líder de ERC y confirmado posteriormente por el Gobierno— que esta no era la primera reunión, sino que en privado se habían citado con anterioridad. El discurso del agravio es especialmente letal en Andalucía, pero también en Aragón, la siguiente parada del maratón electoral. La valoración, por comparación, hace que aunque los aragoneses ganen, lo hagan perdiendo en relación a Cataluña. Y eso complica una campaña ya de por sí cuesta arriba para Alegría.