El plazo máximo para resolver un expediente establecido en la normativa estatal es de seis meses, es decir, 180 días. Pero solo lo cumplen Castilla y León (113 días), País Vasco (130), Aragón (152) y Castilla-La Mancha (169) junto a Ceuta y Melilla (154). Las comunidades con peores esperas son Murcia (563 días), Andalucía (559) y Canarias (478). Más de un año y medio en el peor de los casos. Además, en los últimos meses, Madrid ha empeorado 40 días, y marcan una media de 346 días de espera.
esperando en las listas de espera de la dependencia actualmente.
Los directores sociales tildan de «cruel» que algunas de estas personas y sus familias están hasta año y medio esperando, a veces con desenlaces trágicos, los servicios de la Administración. En los últimos meses, no solo no se redujo el tiempo de espera, explican en el Informe del Observatorio, sino que aumentó 15 días en comparación con el principio de 2025 (de 334 a 349).
El Informe también desgrana en qué comunidades se concentra el mayor número de fallecidos en desatención de este año. Casi la mitad (48,5%) se concentran en Cataluña (6.851 personas murieron esperando ayuda) y Andalucía (5.292). Por contra, Navarra (57) es la que menos fallecimientos en lista de espera registró.
Los directores sociales celebran un incremento paulatino del número de personas atendidas. 81.371 dependientes más están recibiendo prestaciones respecto a 2024. Sin embargo, explican que la mejora ha sido «muy desigual» y de bajo coste. «Se consolida la tendencia de aumento de servicios 'low cost' al aumentar prestaciones y servicios de bajo coste como la Prestación por Cuidados en el Entorno Familiar o la Teleasistencia», explican.
están recibiendo prestaciones respecto a 2024
El Observatorio Estatal para la Dependencia tilda esto de «impresentables retrasos» después de 18 años de implantación de la Ley 19/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Con los datos en la mano, identifican dos motivos: «Los sucesivos recortes sufridos en la financiación de la Ley (aún vigentes) que afectaron gravísimamente a la etapa de despliegue, generando enormes bolsas de desatención» y «el disparatado y proceloso entramado burocrático creado por las diferentes administraciones».
La Asociación se suma también a la reclamación de las comunidades para exigir el 50% de financiación estatal de la dependencia que establece la ley porque algunas solo reciben un 17 por ciento. Sin embargo, critican que el origen del agravio comparativo en la financiación entre gobiernos surgió con los recortes del gobierno de Mariano Rajoy y, en aquellos momentos, las comunidades gobernadas por el PP no exigían tanto al Gobierno central.
El informe apunta a que las comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son País Vasco (2.835 €) y Extremadura (2.779 €), y las que menos Galicia (1.317 €) y Canarias (1.339 €). Por otro lado, critican que el Ministerio de Derechos Sociales de Pablo Bustinduy no está facilitando datos: «Es preciso saber cuántas solicitudes están sin grabar y cuántas revisiones están pendientes».